El gobierno alcalareño afirma que la imputación de siete ediles socialistas es un «acto de trámite procesal»

El gobierno socialista de Alcalá de Guadaíra considera que la citación de siete concejales de anteriores mandatos en calidad de investigados por el juez que investiga el caso de la empresa municipal ACM, es un «acto de trámite procesal», al tiempo que indica que el escrito del juzgado «no se imputa ningún delito concreto a las personas notificadas».

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez dio la orden de que el Ayuntamiento se personara en la causa y pidió al letrado municipal que velara por los intereses generales del Ayuntamiento y colaborase con la Justicia. Ahora además ha pedido a los órganos municipales que presten apoyo al juez instructor y que le faciliten la documentación que pudiera necesitar.

Según afirman desde el ejecutivo socialista «el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra es el máximo interesado en conocer la verdad de este caso y que se determinen el alcance de los hechos que se han denunciado» y esperan que las declaraciones de los exconcejales socialistas y del que aún sigue en el Ayuntamiento «sirvan para sacar a la luz la verdad de un asunto que preocupa al conjunto de los ciudadanos alcalareños».

Para la oposición estas medidas no son suficientes. El PP pide «acciones contundentes, o de lo contrario, podría entenderse como que una vez tomada la alcaldía aquí no ha pasado nada». Los populares consideran insuficiente la personación del Ayuntamiento y afirman que Gutiérrez Limones «se negó sistemáticamente a tirar de la manta por las evidentes implicaciones que le pudieran repercutir personalmente», y piden por ello a la alcaldesa que facilite el esclarecimiento de los hechos para «no ser más de lo mismo».

Por su parte desde las filas andalucistas han pedido a la alcaldesa la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento que aclare lo sucedido desde la perspectiva política por la responsabilidad en este sentido que han ostentado, algunos hasta el día de hoy, las personas llamadas a declarar en calidad de investigados. En este sentido señalan que «las responsabilidades penales será la Justicia quien las determine, pero Alcalá no puede seguir sin aclarar las responsabilidades que algunos socialistas han tenido en este asunto, ni el papel que el PSOE de Alcalá ha tenido en ACM».

Por su parte la portavoz del equipo de gobierno, Elena Álvarez,  pide que «no se instrumentalice este asunto en contra de un equipo de gobierno que ha colaborado siempre con la acción de la Justicia y, menos aún, que se manche el nombre de Alcalá de forma gratuita con la única pretensión de sacar rédito político».