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El conflicto de la fábrica de cementos llega a los tribunales

El TSJA fija para el día 21 una vista pericial de los informes de las partes en litigio

El proyecto de la fábrica de cemento de Alcalá ya existe en la mayoría del sector
El proyecto de la fábrica de cemento de Alcalá ya existe en la mayoría del sector - ABC
A. MALLADO Alcalá De Guadaíra - Actualizado: Guardado en: Cádiz Provincia

El conflicto de la fábrica de cementos de la localidad comenzará su periplo judicial este 21 de octubre, en una vista pericial fijada por el  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En ella, la instancia judicial evaluará los informes técnicos aportados por las partes litigantes, la asociación ecologista Alwadi-ira y la empresa que tiene el proyecto de instalar una planta de valorización de residuos no peligrosos para usarlos como combustible. A esta iniciativa se oponen los ecologistas y el gobierno local la ha bloqueado con una modificación específica del PGOU para este caso.

Las dos partes han aportado informes que avalan su posición, pero ambas también han formulado recurso en el que pidan que no se admitan en las actuaciones los informes de la otra parte.

Esta parte judicial del conflicto parte de la impugnación de los ecologistas de Alwadi-ira de la autorización de la Junta de Andalucía, que permite a la empresa desarrollar su proyecto de valorización. La cementera cuenta con la autorización de la administración superior para levantar una planta que le permita usar residuos tratados como combustibles. Para ello aprobó la modificación de la autorización ambiental unificada de la empresa. Puesto que por este camino la empresa tenía todos los permisos, el gobierno local,  buscó la fórmula de modificar el PGOU para impedir  el planteamiento de la empresa.

 La fábrica de Portland Valderribas tiene intención de llevar a los tribunales esta decisión municipal, pero por el lado de los ecologistas también intentan paralizar su iniciativa e los tribunales.

Según Alwadi-ira la autorización ambiental, tiene fallos, le faltan documentos y además discrepan sobre los límites de emisión. Su objetivo es lograr la anulación de la licencia. Argumentan que el uso de residuos como combustible generará emisiones contaminantes a la atmósfera que perjudicarían la salud de los habitantes del entorno. 

La empresa niega este extremo e indica que el sistema de valorización de residuos que quiere implantar ya existe en 28 de las 33 plantas de fabricación de cemento que existe en España e indica que necesita el uso de esa fórmula para poder ser competitiva y asegurar el empleo de sus 200 trabajadores.

 

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