Citan a once directivos y proveedores de la empresa ACM en calidad de investigados

El Juzgado de primera instancia número 2 de Alcalá ha elaborado el calendario de citaciones del caso de la empresa pública ACM, investigada por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos. Llama a declarar a once personas, todos ellos en calidad de investigados, entre los que figuran empleados de la empresa municipal y proveedores. El calendario de declaraciones comienza el 5 de octubre y se extiende hasta el  1 de diciembre.

En las citaciones figura el contable de la entidad Javier Luque que dio origen al caso al relatar en una grabación realizada sin que él tuviera constancia de la misma diversas irregularidades en el seno de la empresa. La confirmación de su testimonio fue el primer paso de la investigación realizada por la Guardia Civil.

También acudirán a declarar los directivos de ACM, a los que la investigación apunta como responsables de las decisiones y la gestión de la entidad. Se trata del gerente José Luis Díaz; el coordinador Manuel Costillo y el responsable del departamento comercial Rafael Blanco.

En otro grupo figuran los proveedores que aparecen en la investigación de la Guardia Civil como posibles participantes en el entramado para detraer dinero de las arcas públicas. Entre ellos están precisamente los padres de dos directivos de la entidad. El de Manuel Costillo que gestionaba una joyería y el de Rafael Blanco que aparece en la contabilidad de ACM al frente de una empresa de gestión publicitaria. Ambos mantuvieron relaciones comerciales con la empresa municipal y los investigadores encontraron elementos que podrían indicar posibles irregularidades.

Junto a ellos, los responsables de cinco empresas que también facturaron a ACM y cuyo testimonio ya recabó la Guardia Civil. Se trata de Andrés Pérez Pombo, Juan Carlos Ferrete García, Juan Carlos Matoso García, Jesús Salvador Jurado Castaño y Santiago Vara Sedeño.

Las declaraciones pedidas por el juez no abarcan por ahora a los responsables políticos de la empresa, entre los que figura el que fuera alcalde de Alcalá y actual diputado, Antonio Gutiérrez Limones, y a quien la Guardia Civil cita en sus informes como responsable de lo ocurrido. La implicación de Gutiérrez Limones en la fase judicial del caso supondría la remisión al Supremo al menos de la parte que le afecte, debido a su condición de aforado.

En cuanto a la solicitud de PP en la que pide la declaración de testifical del concejal socialista Salvador Escudero, el juzgado indica que queda a la espera de las declaraciones anteriores para determinar la condición en la que prestará declaración.