Firmas sin salida

El comité ejecutivo del PP respetó el lunes la festividad de San Isidro, patrono de Madrid, y aplazó al martes su reunión semanal, en la que el líder Rajoy debió pulir sus exigencias al Gobierno, que se vio conminado a no permanecer «mudo e impasible» ante ETA, en referencia a la entrevista concedida por dos encapuchados al diario Gara, y a poner a la banda «en su sitio». De momento, personajes del entorno etarra asisten a procesos penales abiertos contra ellos sentados en el banquillo y sin ningún miramiento, mientras las fuerzas policiales y de inteligencia verifican muy de cerca la sinceridad/veracidad del alto el fuego permanente decretado por la banda.

Si por la mañana se mostró Rajoy apremiante con Rodríguez Zapatero, por la tarde defendió en el Congreso de los Diputados la iniciativa popular encaminada a la celebración de un referéndum nacional sobre, o más bien contra el Estatut de Cataluña, dicho sea lo de contra para no andarnos con un exceso de remilgos. Y ya por la mañana anunciaron los grupos nacionalistas que iban a dedicar a esa iniciativa del PP el menosprecio de no replicarla mediante sus líderes parlamentarios, sino sacando a la tribuna a respetabilísimos oradores de menor prestigio.

De acuerdo al guión de la mañana, ni el independentista/republicano Puigcercós ni el nacionalista vasco Erkoreka, ni el segundo hombre de CiU, Duran Lleida, iban a decir a Rajoy que su idea del referéndum nacional sobre o contra un estatuto autonómico hace agua por todas partes, incluido el dique constitucional; a esa tarea se dedicarían los portavoces correturnos. El Grupo Socialista, sin embargo, anunció que sería su líder parlamentario, Diego López Garrido, quien diera la réplica a Rajoy como una muestra de respeto legislativo al adversario, lo que el PP tal vez debiera apreciar tras su algarada contra el ministro Alonso y el presidente de la cámara la semana anterior.

Y volvía el PP a degustar su soledad en el Congreso, sin un solo voto de nadie que no fuera popular acompañando su aislamiento. Bien es verdad que en esta ocasión a Rajoy le acompañaban cuatro millones de firmas, a las que el PP ha convertido en argumento si no jurídico, moral al menos, como si pudiera oírse el clamor de cada firmando defendiendo su derecho a opinar y decidir sobre un estatuto que, según el recetario popular, reforma por la puerta falsa la Constitución, alienta la desmembración de España y debería ser aparcado hasta que unas elecciones adelantadas, previo retraso del referéndum catalán, dieran la palabra a los catalanes y éstos eligieran un Gobierno que decidiera qué hacer con el estatut.

No es extraño que los grupos parlamentarios nacionalistas dedicasen ayer a esta iniciativa del PP un delicado menosprecio, reservando a sus titulares y mandando a la tribuna del Congreso a los suplentes. Pero lo que trasciende de estas anécdotas políticas, y más allá de la soledad en la que los populares parecen sentirse a gusto, es el por qué y el para qué de una estrategia que consigue reunir cuatro millones de firmas sabiendo de antemano que no hay forma de hacerlas políticamente operativas.