La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado la existencia de «variaciones significativas» entre los objetivos previstos y ejecutados en el III Plan Andaluz de Vivienda Suelo (1999-2002) de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, ya que se producen cambios en el número de viviendas, en los plazos de ejecución y en la estimación de costes. Además, algunas actuaciones previstas en esos convenios no se llegan a realizar y se ejecutan otras no previstas.

El consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, que compareció ayer en la comisión parlamentaria de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para presentar el informe de fiscalización sobre el citado plan, advirtió además de que la falta de coincidencia entre los periodos de vigencia del plan nacional (1998-2001) y del plan andaluz de vivienda y suelo «provoca frecuentes cambios normativos» en el plan autonómico «que implican dificultades en la gestión de los programas y ayudas».

El informe de fiscalización precisa que no se puede medir el grado de ejecución del tercer programa de vivienda porque no se incluye una definición clara, cuantitativa o cualitativa, del indicador referido al número de viviendas. Asimismo, la Cámara denuncia que no se han aprobado planes concertados de vivienda y suelo residencial y tampoco se ha creado la Comisión de Calidad de la Vivienda durante la vigencia del tercer plan.

Críticas

El parlamentario popular Juan de Dios Martínez Soriano consideró que las conclusiones del informe del órgano fiscalizador «corroboran» las denuncias del PP sobre la falta de adecuación del plan a los programas nacionales y a las dificultades de hacerle un seguimiento y control y calificó de «irrisorio el grado de ejecución» de los convenios suscritos, a la vez que criticó la no creación de la Comisión de Calidad de la Vivienda.

Por su parte, el portavoz de IU en la comisión, Ignacio García Rodríguez, consideró que «se enmasccaran en positivo los resultados del plan» por su «falta de definición» y porque no especifica «cómo se miden las actuaciones en suelo».

Mientras, el parlamentario socialista Juan Antonio Cebrián alegó que las observaciones que «en su día» efectuaron instancias como la Dirección General de la Vivienda «no se pudieron incorporar en su momento al informe final de fiscalización y discrepan en algunas conclusiones», debido, entre otros motivos, a la «mezcla» de los programas nacional y autonómico y a la posibilidad de que el muestreo podría «distorsionar los resultados». En este sentido, aseveró que «hoy se conocen y la Junta tiene datos de lo que se ha hecho» y apuntó que «el porcentaje de cumplimiento pudo ser otro».