Álvaro Ybarra

Caso ERE, un fraude institucional Álvaro Ybarra

En el fondo lo que se va a juzgar es una forma de gobernar Andalucía prescindiendo de las normas legales para favorecer a los «amigos»

ÁLAVARO YBARRA PACHECO, DIRECTOR DE ABC DE SEVILLA - Actualizado: Guardado en:

Ni un atisbo de autocrítica ha salido de las filas socialistas tras conocerse el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre el fraude millonario de los ERE y las peticiones de hasta ocho años de cárcel para algunos de los 28 ex altos cargos de la Junta procesados. Los únicos reproches desde el PSOE se han dirigido contra la Fiscalía, a la que, obviando la gravedad de las acusaciones, acusan de haber dado a conocer su escrito para tapar el escándalo Barberá. Esta deplorable reacción no es más que la muestra de que la malversación de los fondos públicos destinados al empleo en Andalucía era una práctica habitual, institucionalizada, practicada con premeditación y contumacia para engrasar las redes clientelares que ayudan a sostener al Partido Socialista en el poder de la comunidad desde hace más de treinta años.

El argumento utilizado por todos y cada uno de los socialistas que han hablado en público, según el cual Chaves y Griñán son dos personas honestas que no se han enriquecido con el fraude, no es más que un patético intento de desviar la atención sobre el meollo del asunto. Nadie ha acusado a los dos ex presidentes de la Junta, por cierto los dos únicos altos cargos que ha defendido el PSOE entre los 28 encausados, de enriquecerse. Les acusan de prevaricar y, en el caso de Griñán, de malversar fondos públicos destinados al empleo para favorecer de forma arbitraria a determinadas empresas y colectivos afines al Partido Socialista. Los que sostienen que esta política fraudulenta se puso en marcha para garantizar la paz social no dicen la verdad. Los más de setecientos millones repartidos arbitrariamente y sin procedimiento alguno sólo afectaron a 77 de las más de mil empresas en crisis que necesitaban ayudas de la Junta en ese periodo. Según uno de los apartados del informe de la Fiscalía recogido por la periodista Teresa López Pavón, unos ciento veinte mil trabajadores andaluces en precario quedaron excluidos de las ayudas.

Prevaricar y/o malversar los fondos destinados a combatir el desempleo en una comunidad con el treinta por ciento de la población activa en paro es sin duda un agravante del fraude de los ERE sobre el que todos pasan de puntillas. En el fondo lo que se va a juzgar no es el comportamiento delictivo de unos cuantos desaprensivos sino una forma de gobernar Andalucía prescindiendo de las normas y procedimientos legales establecidos para favorecer a los «amigos». Una vergüenza que sólo ha servido para manchar el nombre de Andalucía.

@aybarrapacheco

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