El juicio político de los ERE

Nada menos que veintidós ex altos cargos de la Junta, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán y algunos antiguos consejeros, se van a sentar en el banquillo

Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves se sentarán en el banquillo el próximo miércoles JUAN FLORES
Álvaro Ybarra Pacheco

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Esta semana se inicia el juicio de la rama política del Caso ERE, desvelado en su día por ABC. Nada menos que veintidós ex altos cargos de la Junta, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán y algunos antiguos consejeros como el otrora todopoderoso Gaspar Zarrías, Antonio Fernández o Magdalena Álvarez, se van a sentar en el banquillo. Lo de sentarse en el banquillo es en realidad un eufemismo, pues no se ha encontrado uno lo suficientemente grande para dar cabida a todos los acusados y tendrán que arreglarse con unas cuantas sillas.

Si después de tanto tiempo han olvidado el motivo de la causa, en su rama política, les recordaré que se trata de establecer la responsabilidad de los imputados en una presunta trama de corrupción para desviar de forma irregular fondos públicos a una red clientelar entre los años 2000 y 2011. El desvío supuso una merma en el erario, según datos del fiscal, de 741 millones de euros del dinero de los contribuyentes. También debo aclararles que la mayor parte de los implicados, no todos, están acusados de prevaricación, malversación y asociación ilícita. Antes de que salga el primer dirigente socialista proclamando la inocencia de Chaves y Griñán por no haberse lucrado personalmente de los fondos, lo cual es cierto, les recordaré que no se les juzga por eso y que robar no es el único delito contemplado en el código penal. También deberían recordar que si los expresidentes no se quedaron con parte de los fondos públicos esquilmados otros sí lo hicieron, algo que suele ocurrir cuando los responsables políticos prescinden de las barreras de control establecidas por el derecho administrativo.

Naturalmente el principio de presunción de inocencia no nos permite adelantar el resultado del juicio pero, a través de la instrucción de Mercedes Alaya ratificada por el Tribunal Supremo, sí podemos afirmar que el despilfarro del que se les imputa a los acusados sucedió en una etapa política en la que el PSOE ejercía un poder omnímodo sobre la sociedad andaluza que le garantizaba una cierta impunidad sobre los abusos de poder que cometía. Más o menos como ahora, pero con mayoría absoluta. Al menos esta rama política del Caso ERE, pese al proverbial retraso en la aplicación de la Justicia, va a dilucidarse en los tribunales, que es el lugar donde se arbitran los delitos en un Estado democrático por mucho que a algunos no les entre en la cabeza.

@aybarrapacheco

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