Alberto García Reyes

La ley hormonada Alberto García Reyes

Reservar puestos públicos para gais, como pide Podemos, es el colmo de la discriminación

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Reservar puestos públicos para gais, como pide Podemos, es el colmo de la discriminación

El mismo sector ideológico que defiende la tutela del Estado sobre los menores de edad por encima de la de sus propios padres promueve ahora en Andalucía que un niño tiene la suficiente autonomía como para someterse a tratamientos hormonales de cambio de sexo sin conocimiento de sus progenitores. Esta contradicción, que es similar a la que materializó la ya olvidada Bibiana Aído con la ley que permitía a las menores de edad hacerse operaciones estéticas para agrandar sus senos sin contar con la firma de sus padres, forma parte del nuevo delirio político de Podemos y su inclinación demoscópica por contentar a los jóvenes. La propia Carolina Bescansa ha dicho, sin tapujos y sin sonrojo, que si sólo votaran los menores de 45 años, Pablo Iglesias ya sería presidente. Es evidente que los podemitas ven en los chavales un nicho de mercado electoralista que los arrastra a proponer leyes que van en contra de sus principios. Si para ellos el Estado es el padre y la madre superiores de todas las criaturas de este mundo, ¿cómo pueden preconizar que un niño decida a solas una cuestión trascendental para su vida? Es especialmente llamativa esta incongruencia ideológica porque la proposición no de ley que han hecho en el Parlamento de Andalucía es de claro sesgo liberal. Toda su política en torno a los homosexuales lo es porque impulsa la libertad individual pura de cada persona para decidir su sexo, una cuestión no sólo razonable, sino encomiable, si no fuera porque los miembros de este partido se han financiado con dinero de países donde se aniquila a los gais y todavía no han sido capaces de denunciar esa infamia. Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con quienes anteponen sus intereses a sus ideas. Porque cuando se entra en esa deriva se suele incurrir en aberraciones insoportables. Los podemitas andaluces proponen, por ejemplo, que la administración pública reserve un número de puestos a las personas homosexuales, una medida que supuestamente trata de activar la integración social de este colectivo. Este dislate que va en contra de los fundamentos elementales de la igualdad, porque otorga privilegios públicos en función simplemente de la condición sexual, es también un modo acomplejado de señalar a los gais. Y no cabe el cuento de la discriminación positiva. Si todavía hay gente en nuestra sociedad que no tolera determinadas opciones sociales, la solución no está en imponer su hegemonía para vencer esos reparos, sino en educar mejor. Lo demás es populismo electoralista, una ecuación para rascar votos.

Los que creemos en la igualdad y no en el igualitarismo, en la libertad con normas y no con tutelas, en los derechos con la misma intensidad que en las obligaciones, y en la tolerancia sin sectarismos, no consideramos este tipo de proposiciones de ley un avance, sino un retroceso. Una propuesta así es un fracaso como lo es tener que prohibir algo a todos para evitar el abuso de unos cuantos. Pero el PP de Moreno Bonilla ha votado a favor porque ha renunciado a pensar, que es un verbo del castellano antiguo. Prefiere una ley hormonada que una convivencia natural.

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