OPINIÓN

Violencia normalizada

A pesar de que tanto los docentes como los médicos tienen consideración de autoridad pública, ello no parece frenar a los agresores

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Hace escasos días que la prensa daba cuenta de un par de sucesos que se habían producido casi simultáneamente. Mientras que un profesor de Jerez mostraba su mano lesionada, al tiempo que denunciaba la normalización de la violencia en las aulas, varios médicos eran agredidos en el Hospital Puerta del Mar.

Podríamos pensar que ambas situaciones son simples, y lamentables, incidentes aislados. Pues no; no se trata de episodios esporádicos de violencia. En lo que se refiere a lo que sucede en las aulas, y a pesar de que los informes del Observatorio de nuestra Comunidad señalan que, en nuestro caso, la inmensa mayoría del alumnado no comete faltas que afecten gravemente a la convivencia, resulta que el número de profesores quemados se va engrosando progresivamente.

Pero vaya usted a saber lo que cada uno entiende por eso de «afectar gravemente». Igual la mano hinchada de un profesor no se incluye en la tipología de afectación grave de la convivencia. No se trata tan solo de la impotencia, que dicen sentir muchos profesores, ante niños y adolescentes que pasan de todo, o que alteran continuamente el ritmo normal de aprendizaje del resto de los alumnos, sino también del incremento de los acosos, de las amenazas, de los insultos o, incluso, de las agresiones, tanto a compañeros como a profesores, que hasta se graban en móviles y se difunden por Internet.

Y lo peor llega cuando los propios padres defienden a esos pequeños infractores, sin enterarse todavía que la responsabilidad de educar la tienen ellos mismos, o cuando son los progenitores los que directamente acosan o amenazan. La cosa va camino de no pintar mucho mejor para los profesionales sanitarios aunque, en este caso, los atacantes no son tiernos infantes.

Las cifras que ofrece la Organización Médica Colegial son alarmantes y el número registrado de agresiones crece de manera preocupante. Y eso que, como señalan los propios profesionales, la mayoría de las amenazas e insultos ni siquiera se denuncian. Un empujón, un puño levantado, un «te voy a partir la cara» pasan a formar parte de la lista de hechos que no merecen mayor atención ni el jaleo de un trámite judicial.

Un medicamento propuesto por el paciente que no se prescribe, posiblemente porque no esté indicado el hacerlo; la petición de una prueba o de un tratamiento que se ha leído como milagroso en Internet; que el médico no quiera dar la baja; las largas esperas, y a ver que culpa tiene el médico de ellas. Estas, y otras muchas circunstancias, les hace a algunos creer que tienen derecho a chillar, amenazar, insultar o pegar.

A pesar de que tanto los docentes como los médicos tienen consideración de autoridad pública, por lo que el delito de agresión, si es que se denuncia, tiene mayor pena, ello no parece frenar a los agresores. En algunos sitios se ha colocado el «botón del miedo», aunque ya es lamentable que se plantee como normal el trabajar con la posibilidad de ese riesgo y, recientemente, se ha creado la figura del interlocutor policial sanitario para actuar ante las agresiones.

Una buena iniciativa, aunque ya veremos la evolución de la interlocución cuando los niños y jovencitos que ahora agreden en las aulas se conviertan en los usuarios habituales del sistema de salud.