El Apunte - Opinión

Segundo revés judicial

Los intentos de judicializar la vida política por parte del gobiero local encuentran un revés tras otro

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Resulta llamativa la sideral distancia entre el discurso y el ejemplo de este gobierno municipal. A su llegada a San Juan de Dios, se quejaba amargamente de la «judicialización» de la política municipal y criticaba a ediles del Partido Popular por entender que trataban de resolver cada disputa con una querella.

También, ya tras un año en sus cargos, fue muy notable la reacción de euforia desbordada con la que los concejales de Podemos y Ganemos, jaleados por su clac en redes sociales y medios afines, celebraron el archivo de una demanda en la que los populares acusaban al alcalde de haber dicho que sus predecesores distribuyeron agua contaminada a vecinos de Loreto a sabiendas de lo que hacían.

Ahora, cuando el tiempo va encajando las piezas.

Resulta que son los concejales de Podemos y Ganemos los que acuden a los tribunales con una frecuencia sorprendente. Lo hicieron para llevar a la Fiscalía los documentos con las mediciones de aquel episodio de agua contaminada de 2014, para tratar de demostrar que hubo una mala praxis delictiva por parte del anterior gobierno municipal y la Junta.

También hubo un gran interés en destacar la denuncia por posible prevaricación en los pisos sociales de Matadero, en los que se habrían producido alteraciones de la lista de beneficiarios por supuesta influencia directa de dos concejalas del PP.

Resulta, en ambos casos, que la Justicia ha guardado las denuncias del gobierno municipal o su entorno político por considerar que no hay argumentos que las sostengan, por entender que no hay faltas ni delitos. Así que no sólo resulta llamativo que el gobierno municipal y sus entusiastas seguidores acudan tanto a los tribunales. También resulta muy sorprendente el porcentaje de fracasos que cosechan estas iniciativas. Concretamente: dos de dos.

Como añadido, la fiscal califica la gestión del incidente de la contaminación en Loreto como «correcta y adecuada» por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud, «que trabajó estrechamente con los responsables de Aguas de Cádiz». Es más, en el propio informe de valoración que inicia estas diligencias se señala que «no se pone en cuestión la entrega y profesionalidad que el personal demostró». Agua.

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