OPINIÓN

Pillastres en Andalucía

Un desatino más de una Administración nada paradigmática en virtudes

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El imperio de la Ley es un principio constitucional respetado con sincera devoción en los estados democráticos liberales. La Ley debe imperar y proporciona el marco de conducta para la sociedad. He criticado hasta la saciedad los flagrantes incumplimientos de las resoluciones judiciales en Cataluña. Pero no sólo allí. Por desgracia también en mi tierra, Andalucía. Desde John Locke los liberales han considerado el Derecho no como una restricción del individuo, sino como una garantía esencial de su libertad. El imperio de la Ley consagra otro principio, el de igualdad ante la Ley. De igual modo, otorga’ un considerable poder a los jueces que al interpretar la Constitución determinan el ámbito propio de la acción de gobierno.

Leo atónito las intenciones de la Junta de Andalucía para «no hacer efectiva en la práctica» la Sentencia del Tribunal Constitucional, a pesar de manifestar que «la acata y que la cumplirá». Acatar y cumplir para que todo siga igual es un subterfugio inaceptable para una administración pública que forma parte del Estado y al que debe lealtad. El curioso «cumplimiento» o incumplimiento manifiesto cómo se pretende, atenta directamente al artículo 103 Constitución que dice que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Todo ello me lleva a pensar que la Junta de Andalucía vive con añoranzas la renuncia socialista al marxismo. Éste ha considerado que el Derecho no es una salvaguarda de la libertad individual. Para Marx el Derecho era parte de la «superestructura» condicionada por el modo capitalista de producción. Lo que le llevaba a pensar que el Derecho tenía como finalidad mantener el «status quo» que supone la desigualdad social.

El Tribunal Constitucional ha anulado la jornada semanal de 35 horas para los empleados de la Junta de Andalucía. Basa su anulación en que la norma andaluza que lo acogía vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas. Es la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2013 la que reguló dicha materia y sólo ella es la que lo determina. La solución propuesta por la Junta de Andalucía a la que la Juez Alaya calificó sostén del régimen clientelar, erigida en banda para saquear la Administración, es en el fondo más de lo mismo. Hacer las 2,5 horas de exceso sobre las 35 horas previstas por la Junta en casa, como trabajos que no requieren presencia física en el puesto de trabajo (la Consejera enumera entre otros supuestos a emplear durante estas 2,5 horas, la de descargas de videos para mejorar las actividades…).

Un desatino más de una Administración nada paradigmática en virtudes. La puesta en marcha de la norma ahora anulada justificó a la Junta de Andalucía la contratación de 7.000 empleados nuevos. Las estimaciones de la medida de «cumplimiento» por la Junta costará en su proyección para los próximos tres años 255 millones. Si a ello le añadimos la noticia de la Cámara de Cuentas de Andalucía que entiende existen 13.000 empleados públicos más, de la información suministrada por la propia Junta y que en consecuencia «deben» estar dotados presupuestariamente dentro de la partida de inversiones y no como gastos de personal, sólo nos hace pensar en la existencia un «régimen clientelar» de libro, paradigma a estudiar en las Universidades y escuelas de negocios y estudios politológicos, donde entre otros, la fuerza laboral que engloba la Administración andaluza, es la punta de lanza del régimen y sostén de avatares futuros. En Europa a los incumplidores lo llaman «gamberros».

Es el apodo de los países incumplidores y España sobresale en ello. Somos unos pillos. Somos como Rinconete y Cortadillo desde 1612, fecha de su publicación. Cuando se presentan en Sevilla a Monipodio, jefe de uno de los gremios de ladrones (así lo define Cervantes en sus ‘Novelas Ejemplares’), Sevilla era la capital de España y también del mundo.