Antonio Papell - OPINIÓN

Las opciones de Puigdemont

Puigdemont tiene ante sí tres salidas, cada vez más estrechas

Antonio Papell
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Empieza a caer por su propio peso la evidencia de que Puigdemont, ese espectro político que recorre patéticamente Europa y que tomó la opción llamativa pero descabellada de marcharse a un inverosímil exilio, ha perdido por completo la iniciativa política en Cataluña, en España.

Y ello ha sido así porque, aunque el desenlace del conflicto sigue siendo obviamente político, el terreno de juego que ha de servir de escenario es completamente judicial. Lola García, de La Vanguardia, explicaba este domingo que Puigdemont tiene ante sí tres salidas, cada vez más estrechas: ceder el paso y designar otro candidato, provocar otras elecciones o arriesgarse a que se prolongue la vigencia del 155.

Es cabal la descripción, pero el alambicado análisis se reduce en realidad a una sola conclusión, que deberían tener en cuenta los restantes actores de este ‘juego de tronos’ catalán: el tiempo de Puigdemont ha pasado por la sencilla razón de que el expresidente de la Generalitat se encuentra fuera de la ley, después de cometer -presuntamente- delitos graves contra el Estado.

Con cierta premiosidad, como corresponde a los designios forenses, el juez Llarena, que instruye el Supremo el ‘caso Cataluña’, y que goza del más absoluto respaldo jurídico, moral y sentimental de la institución a la que pertenece, está reconstruyendo el aparato golpista, urdido por los partidos nacionalistas con la complicidad de ciertas instituciones de la administración autonómica, que, después de vulnerar flagrantemente el ordenamiento, ha intentado provocar la secesión del Principado de Cataluña y la proclamación de la República.

El magistrado acusa a los participantes en esta confabulación de sedición, quizá de rebelión, de prevaricación y en todo caso de malversación. Y este proceso jurídico es independiente de cómo se desenvuelva ahora la política catalana o de las actitudes que adopten los encausados. Ello explica que Forn, quien al parecer participó activamente en el dibujo de la cuartelada y cumplió puntualmente el encargo de desactivar a los mossos d’esquadra el 1 de octubre para que se abrieran las urnas y las fuerzas policiales estatales se estrellaran contra unos hechos consumados, siga en prisión a pesar de renunciar al escaño y de haberse dado de baja en el partido. Sus determinaciones presentes y futuras son irrelevantes a la hora de depurar las responsabilidades en que ya ha incurrido.

Algo semejante ocurre con Puigdemont: lo único cierto es que su intento de golpe de mano es inhabilitante y que la orden de busca y captura hará que al regresar a España, si regresa, sea conducido ante el juez y previsiblemente encarcelado preventivamente para que no reitere las actividades delictivas. Así las cosas, es una pérdida de tiempo que las fuerzas nacionalistas cavilen con gesto preocupado sobre el futuro de Puigdemont: más vale que se ocupen de meditar sobre su propio futuro, porque el Estado no tiene prisa: hay voces muy caracterizadas y de peso que ya afirman que posiblemente un cierto periodo de tiempo de vigencia del artículo 155, o una suspensión temporal de la autonomía durante determinado plazo, servirá para ordenar las ideas.

El Estado, con la debida contundencia y con una sobriedad y elegancia desconocidas -conocemos mal al Poder Judicial de este país-, ya ha hablado con suficiente explicitud: el golpe de estado ha fracasado. Y el nacionalismo, que se ha cronificado en el famoso techo de los 2,1 millones de votos, tiene ante sí dos opciones: o acatar la legitimidad constitucional y desenvolverse de nuevo en este amplísimo campo que le ofrece la legalidad vigente, o mantenerse en la zona fronteriza de la marrullería y la ambigüedad, en cuyo caso tendrá que atenerse a las consecuencias.

Lo que, traducido a la actualidad y llevado al terreno, significa que, o el nacionalismo designa a un candidato ‘limpio’ para la presidencia de la Generalitat, o se mantendrá la situación de excepcionalidad actual. Con unos perdedores, en este caso: los catalanes, que ya se percatan de que la inestabilidad política no es gratuita. Ni en lo político, ni en lo social ni en lo económico.

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