Antonio Papell

La muerte de Rita Barberá Antonio Papell

La corrupción, en política, es un delito grave porque, además de constituir una disfunción del sistema establecido, quiebra lealtades y destruye empeños colectivos

Antonio Papell - Actualizado: Guardado en:

La corrupción, en política, es un delito grave porque, además de constituir una disfunción del sistema establecido, quiebra lealtades y destruye empeños colectivos que habían llegado a entrañarse profundamente. Cuando se conoció que la familia Pujol Ferrusola había llevado a cabo un gran expolio de bienes públicos, muchos ciudadanos de Cataluña sufrieron una intensa decepción, se llevaron un gran disgusto, porque se venía súbitamente abajo un personaje idolatrado que había construido un marco mental catalanista en que ellos encajaban perfectamente.

Con todo, y a pesar de aquel desengaño, de la pérdida política e intelectual que supuso para muchos el desvelamiento de aquel escándalo, hubo que proceder como requería la situación: con independencia de las acciones legales que se emprendieron, y que avanzan con la premiosidad habitual, Pujol fue privado de sus honores, se le retiró las atenciones institucionales que recibía como expresident, se convirtió en una especie de apestado, e incluso los dirigentes del partido que él había fundado en 1974 optaron por disolverlo y crear otro distinto y con diferente nombre para sortear el descrédito que la figura de Pujol arrastraba. Pero Pujol está vivo y escribe sus memorias para defenderse; a sus 86 años, su recio corazón aguanta impertérrito.

En la comunidad de Valencia, la corrupción en las filas del Partido Popular fue particularmente escandaloso por lo promiscua y generalizada puesto que alcanzó a todos los niveles administrativos y políticos. El simple recuento de investigados, de las personas que ya han ido la cárcel o están a punto de entrar en ella, la relación de casos diferenciados que ha investigado la policía y está en los tribunales permiten afirmar que existía un clima criminoso y malversador que por fuerza tenían que percibir todos quienes forman parte de la trama política popular.

Ante aquellas evidencias, el Partido Popular no tenía más remedio que actuar con dureza y hasta con cierta inflexibilidad si quería responder a los requerimientos de la opinión pública y tratar de recuperar la credibilidad y la prestancia. En 24 años, Barberá no se percató desde la atalaya de la Alcaldía de lo que estaba pasando a su alrededor. Un juez decidió investigarla porque vio indicios de delito en el ‘caso Imelsa’. El PP hizo lo que debía: violentando lazos personales evidentes, actuó con el rigor que requiere la integridad democrática. La exalcaldesa se vio claramente postergada, se sintió afectada por ello y su corazón falló. Una fatalidad.

Ante este drama, es lógico que más de uno haya tenido la tentación de poner en duda el pacto anticorrupción PP-C’s que obliga a salir de las instituciones a quienes esté investigado por corrupción. Verdaderamente, no se es culpable hasta que un juez dicta sentencia firme. Pero esa clase política que tan lejos ha llegado en corrupción tiene que ir más allá de lo simplemente legal en la rectificación. El pacto es adecuado, por más que mucho adelante, cuando los ecos de esta etapa infausta se hayan extinguido, quepa una revisión del mismo para deslindar la dimisión política -hay errores que no son delito y que deben pagarse dimitiendo- de la dimisión forzosa porque se ha incurrido en una conducta inadmisible.

Lo que ahora debe hacerse –y lo ha dicho el ministro Catalá– es mejorar la ley de Enjuiciamiento Criminal para minimizar los plazos en que un investigado se mantiene en esta incómoda posición. Y seguir trabajando contra la corrupción, que queda mucha tarea pendiente. Por ejemplo, hay que avanzar en la independencia del Poder Judicial, en línea con las insistentes recomendaciones del Consejo de Europa.

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