EL APUNTE

Esto no es Ciudad Juárez

El alcalde de Algeciras cumple con su deber al defender la imagen pública de sus vecinos

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La realidad no puede llevar a la resignación. Y tampoco a soportar como una maldición inevitable el estigma y el prejucio. El alcalde de Algeciras cumplió ayer con una de sus sagradas obligaciones al defender la imagen de sus vecinos. Ya podría aprender el de Cádiz, que se empeñó durante meses en hablar de una supuesta «pobreza infantil» que es un insulto a la inteligencia y a todos los niños del mundo que realmente viven en la necesidad, sin la red de alimentación, educación y ayuda que tienen en Cádiz. Desde hace mucho tiempo y, ojalá, por pocos meses más. Sería un gran síntoma.

Algeciras y el Campo de Gibraltar no son ni Ciudad Juárez ni Medellín ni las praderas del opio de Afganistán. La sangre no corre por sus calles y esa comparación es tan dolorosa como ridícula. Eludirla, no significa dejar de reconocer que hay un problema social y de seguridad severo, de empleo e incluso de cultura y actitud en una minoría que ha podido crecer. El conflicto merece toda la atención pero como dice el regidor Landaluce, calificar la comarca de «zona de guerra» es una barbaridad de sensacionalistas que buscan audiencia en televisión o en internet. Denunciar la brutalidad de esa equiparación no impide admitir la realidad: la provincia de Cádiz es la puerta más grande de entrada de hachís para toda Europa, estar a 14 kilómetros del segundo productor de esta droga del mundo lo hace casi inevitable. Por esta razón, las fuerzas de seguridad del Estado están condenadas a trabajar exhaustivamente en la zona para evitar que los narcotraficantes campen a sus anchas por la provincia y, gracias a esto, las operaciones policiales se desarrollan diariamente dando como resultado la incautación y encarcelamiento de algunos de estos delincuentes. Ya se ha intervenido más droga en lo que va de este año (cuatro meses) que en los doce de 2017.

Para solventar esta situación de alarma social, los vecinos piden más seguridad, que desaparezca el estigma y crezca el trabajo colectivo, que haya más presupuesto y más personal para juzgados, fiscales y fuerzas de seguridad. Gracias a estos estamentos –de los que nos acordamos cuando truena un problema que tiene décadas– es posible pensar que se puede acabar de una vez con gran parte de esta lacra. Al menos, atenuarla hasta que los marginales, los residuales, sean los delincuentes. Ya son muy pocos. Falta que lo parezcan.