Delincuentes Companys y cía

Retrotraguémonos a la historia del pensamiento político y a lo mejor hasta situamos en sus justos términos el problema de Cataluña. Burke manifestó que la sabiduría no reside en principios abstractos, sino en la experiencia y en la historia y Tocqueville presenta una imagen ambivalente de la sociedad democrática, advirtiendo de los peligros de la «tiranía de la mayoría». Si añadimos el núcleo del liberalismo político defendido por sus primeros precursores como Locke, Bentham y Mills, donde el orden y la ley prevalecen sobre cualquier otro concepto para la preservación de la sociedad liberal, podemos concluir con el dicho de «la historia se repite». Y así es, en 1934 se fraguó un golpe de Estado contra la República y ahora se fragua otro golpe de Estado contra la Monarquía constitucional. La experiencia y la historia nos debieron haber puesto en alerta cuando en la Transición se elaboró la Constitución de 1978. Ahora, el Parlamento catalán amparándose en la mayoría impone su tiranía sobre la minoría parlamentaria, que curiosamente no se corresponde con la mayoría social. El flagrante incumplimiento del orden legal español por los catalanes reunidos en asamblea parlamentaria supone la mayor de las obscenidades. Los peligros advertidos por insignes pensadores políticos en los siglos XVIII y XIX se han hecho realidad. Todo es un presagio repetido de manera constante en el devenir de la historia. Los acontecimientos habidos en 1640, 1714, 1898, 1934 y ahora lo corroboran. Se amparan para sus tropelías ‘golpísticas’–ilegales en momentos de debilidad del Estado, cuando no en especiales situaciones de crisis para arengar a las masas. Hoy es un día más en ese especial eslabón de la historia que confirma todo lo dicho. Volvamos a 1934 y recreemos el golpe de Estado dado por el delincuente Companys y cía. Lo dice la tradición y la historia española. Pero también lo dice la Sentencia del Tribunal Garantías Constitucionales (TGC) de 1935 sobre el caso Companys y su participación en la Revolución de Octubre de 1934. Las Cortes Constituyentes de la II República, con mayoría de izquierdas, no sólo aprobaron la Constitución de 1931, sino una legislación penal que endurecía la aplicada hasta entonces, en ocasiones copiando leyes ya vigentes en la Alemania de Weimar y la Francia de la III República. Una de esas leyes fue la de Defensa de la República que infligía severas penas a los conspiradores políticos que atentaran contra el orden.

En 1934, toda la izquierda, desde Azaña, Largo Caballero, Prieto, Carrillo y la Pasionaria, amén de toda la caterva de nacionalistas-independistas, entre otros Compayns, Lluhi Vallesca, Esteve y Guau, Gassol Rovira y Camorera Solé, maquinan para dar un golpe de Estado porque no admiten que la derecha se aupara al poder en 1933 de manera democrática. El 4 de octubre se anunció la incorporación de tres ministros de derechas al Gobierno de Lerroux y el 5 la izquierda, agrupada en la Alianza Obrera, proclamó la huelga general revolucionaria en España. También en Cataluña. En Barcelona, la Generalidad aprovecha la coyuntura de crisis institucional y en consecuencia de debilidad del Estado, para una vez más dar un golpe de Estado.

Manifiesta el Tribunal que la declaración hecha al público por el presidente del Gobierno de Cataluña, en nombre del mismo, constituyan un eslabón esencial en la cadena de los actos que integran la rebelión militar. El Tribunal falló condenando a Compayns y seis más como autores del delito de rebelión militar, a penas de treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. El Gobierno también republicano del frente popular de 1936 los amnistió.