Corrupción y prudencia
Ahora que la trama Faffe parece acercarse a la provincia conviene una llamada a la calma
Cualquier opinión sobre la corrupción en los partidos políticos y las instituciones públicas resulta delicada. Todas las opiniones de todos los ciudadanos están contaminadas de justa indignación. En cada frase hay ojos ensangrentados de rabia legítima, vísceras que piden justicia, indignación justificada por el derroche de dinero público que tantos necesitan tanto.
En ese escenario es muy difícil tirar de sensatez y entender que España es, ahora, un país menos corrupto que hace unos años. Cuesta pensarlo en estos días, con testimonios como los del caso Faffe o detenciones como la de Eduardo Zaplana. Aunque resulte obvio, no es evidente para casi nadie pero parece indiscutible que cuando las malas prácticas se persiguen se está más cerca de erradicarlas o reducirlas. Hace unos años, cuando esos presuntos delitos se podrían haber producido (aún están protegidos los acusados por la presunción de inocencia) nadie tenía esta sensación asfixiante de corrupción omnipresente, muchas de esas posibles artimañas, desviaciones masivas de dinero, estaban en marcha, en pleno vigor, y no se hablaba de ellas. Ahora, a diario. Del mismo modo que resulta complicado defender esa tesis, también es muy delicado defender la presunción de inocencia. La sucesión de casos y su gravedad la convierte en una tarea titánica para el contribuyente. Es demasiado fácil dejarse llevar por el enfado y considerar que, de tantos casos, muchos serán realidades que acabarán en condena. El problema es distinguir cuales. Para eso, es necesario esperar. Caer en la precipitación y el nerviosismo casi nunca conduce a nada bueno en la vida. E
n el análisis político, tampoco. Lo demuestran algunas condenas que, en los últimos años, han dejado en mucho menos varios casos que parecían explosivos. Conviene esperar y, también, poner todas las medidas posibles para que tantos casos tan dolorosos, incluso de exministros y antiguos portavoces del Gobierno, o de altos cargos de la Junta, no vuelvan a repetirse. Es obligación de todos que el dinero comunitario se destine al auxilio de los más necesitados y a la prosperidad del mayor número posible de ciudanos. Los que hayan violado esa norma sagrada, que lo paguen. Ahora, mientras se demuestra, ahórremonos la pena de telediario, de titulares y de radio. Es el problema de la prisa y de la hipersensibilidad ante la corrupción. Bastante comprensibles ante el panorama, por otra parte. Pero inconvenientes.
