Una concejal que no puede seguir

En cualquier país de tradición anglosajona, en cualquiera escandinavo o en Estados Unidos. Incluso en buena parte de los asiáticos de cierta tradición democrática sería impensable. En alguna de esas democracias que todos –incluyendo los admiradores de los partidos progresistas clásicos o emergentes– toman como referencia indiscutible después de ver fantásticos largometrajes o deslumbrantes series de televisión resultaría intolerable que un representante público, una concejala de una ciudad de mediano tamaño, renunciara a la inviolable obligación del ejemplo. Más impensable aún resulta que incite a un ciudadano a cometer delitos y le dé instrucciones sobre cómo hacerlo. Por más que ese salto sobre la Ley responda a una posible injusticia social, por más que trate de solventar las dolorosas dificultades de una familia.

Al margen de las opiniones que una edil, un alcalde o un parlamentario tenga, de sus causas privadas o del dolor que puedan provocarle algunas injusticias (si lo fueran) resulta inasumible que se posicione contra las leyes, contra las reglas del mismo juego que dirige, que personifica con su efímero paso por la representación pública de todos.

Ese absurdo es el que representa Ana Lorenzo. La delegada de Servicios Sociales de San Fernando, socialista por más señas, ha asombrado al que haya podido escuchar la grabación en la que da claras instrucciones a dos ciudadanos para entrar por la fuerza en una vivienda vacía. Llega a detallarles el método, la dirección, la entidad bancaria propietaria y hasta trucos para tratar de eludir la intervención policial. En ese caso, llegado el momento de intervenir, los funcionarios policiales también podrían lamentar tener que hacerlo pero tendrían que actuar por ser parte del mismo engranaje legislativo que todos hemos decidido darnos.

Si la Policía saca a una familia de una casa que no es suya y en la que ha entrado a la fuerza, no significa que no lamente la situación de los afectados. Simplemente cumple las normas que nos hemos concedido todos.Si son injustas, luchemos para cambiarlas. Mientras, una concejala que toma partido contra la Ley que nos ampara y representa a todos, como sociedad, en favor de unos vecinos sin reparar en las formas supone una desviación que resulta ilógica. Las mismas normas que defienden los policías son las mismas que han puesto a esa concejala en su cargo. Es absolutamente bochornoso y tras admitir su error, por más que haya pedido disculpas, no puede seguir un segundo en su cargo.