Bloqueo independentista

Resulta inquietante que, en tanto no cambien las circunstancias, la iniciativa política en Cataluña esté totalmente en manos de los independentistas, que tienen plena capacidad de bloqueo de la situación. De momento, desde las elecciones del 21 de diciembre -hace ya más de cuatro meses-, han dilatado la normalización institucional por el procedimiento de proponer a candidatos imposibles a la presidencia de la Generalitat. Puigdemont, Turull y Sánchez están imputados judicialmente por graves delitos y no se hallan en condiciones de acudir al ineludible debate presencial de investidura. Y no parece que ni el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ni los líderes soberanistas estén dispuestos a salir de este impasse ya que sigue en trámite una pintoresca reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat para permitir investir a un presidente ausente. Es obvio que semejante inconstitucionalidad no prosperará, por lo que la marrullería sólo puede interpretarse como una nueva provocación evasiva, una fase más del intencionado bloqueo con el que se pretende desgastar al Gobierno de la nación, emponzoñar el conflicto, extender la mancha de aceite internacional, etc.

El siguiente paso es prolongar el boqueo hasta el límite de 22 de mayo, fecha en que si no se ha procedido a elegir a un jefe del Ejecutivo regional, el presidente del Gobierno, en funciones de presidente de la Generalitat, debería convocar nuevas elecciones autonómicas. Evidentemente, el ciclo puede repetirse indefinidamente: bastaría con ir proponiendo candidatos imposibles para prolongar la interinidad indefinidamente, reiterando incluso elecciones si se llegase a votar alguna candidatura, en cuyo caso volvería a correr el plazo de dos meses que ahora se está agotando tras la primera votación de Turull.

¿Están, en definitiva, inermes el Estado y las fueras democráticas ante la capacidad de bloqueo del soberanismo? Sí, si no se toman decisiones poíticas de más calado. Porque la disyuntiva actual debería escribirse en términos más vivos, en forma de una disyuntiva más radical.

Por una parte, habría que agotar el intento de postular a un político «limpio» al frente de la Generalitat. Como es sabido, se ha barajado en los últimos días el nombre de Ferrán Mascarell, una sugerencia que podría ser compatible con el catalanismo progresista -Mascarell fue del PSC y conseller con Maragall en el tripartito-, con el soberanismo -tras su radicalización, colaboró con Artur Mas y llegó a ser delegado de Cataluña en Madrid- y con al menos una parte del constitucionalismo madrileño, que vería en este personaje culto y moderado un puente hacia la normalización, y en todo caso hacia un viraje del independentismo en su regreso desde la acracia inconstitucional a unas posturas circunscritas al estado de derecho.

Si fracasa este intento, el Estado debería plantearse si es pertinente condescender con el bloqueo sistemático, que lesiona objetivamente el bienestar físico y moral de los catalanes. Aunque cada consulta a las urnas está llena de incógnitas, parece razonable pensar que las ideas políticas de los catalanes están relativamente estabilizadas, de modo que sus evoluciones no serán súbitas. Por ello, el ejercicio de convocar elecciones cada poco tiempo es absurdo y destructivo. Y como en teoría el bloqueo sistemático podría provocar periódicas consultas, parece razonable romper el círculo vicioso durante un tiempo de suspensión de la autonomía, una posibilidad indubitable al amparo del artículo 155 C.E.

Lo que no es razonable es vivir permanentemente bajo una zozobra arbitraria y calculada, dictada por un prófugo que ha pasado de no querer presentarse a elecciones para seguir siendo president de la Generalitat a creerse el mesías providencial que ha de entregar a sus compatriotas la tierra prometida de la manumisión y la libertad. El país no está para bromas. Y los catalanes, tampoco.