Asustar a los asustados

Resulta difícil de asimilar. Cuanto menos, parece insensible. Que un dirigente político deslice una amenaza velada contra los usuarios que se quejan de los posibles riegos de un servicio público parece poco empático. Podría considerarse una desfachatez pero quizás sólo sea un desliz, un arrebato irracional. El caso es que los ciudadanos tienen derecho a ese servicio, lo pagan a través de sus impuestos, y también tienen derecho a su seguridad y la de sus familiares cuando hagan uso de él. Si tienen algún temor, justificado con varios informes y decisiones institucionales, resulta poco lógico y escasamente humano decirles que «será peor como no vayan».

Es el caso del delegado territorial de Educación de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, a resultas del escándalo del colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Reggio, de Puerto Real.

Los padres, avalados por algunos estudios técnicos, por expertos e incluso por el Ayuntamiento puertorrealeño, empezaron a manifestarse la pasada primavera contra la presencia de amianto en la estructura del centro. Temen que pueda dañar la salud de sus hijos, que es la prioridad máxima, incuestionable y absoluta. Tras unos meses de tira y afloja, de anuncios varios, promesas vanas y amenazas de no llevar a los críos al arrancar el curso este próximo martes, la respuesta del consejero fue ayer algo parecido a un insulto.

Es legítimo que Belizón diga que tiene un informe de Salud Pública que descarta «el riesgo para la salud de los niños». Pero igualmente sería humano y racional que comprendiera que hay otros documentos que dicen lo contrario, que sí existe peligro. Llegados a esta discrepancia, lo natural sería el diálogo, la búsqueda de acuerdos y alternativas. Sin embargo, que un dirigente público diga que las familias de los niños que no vayan a clase se arriesgan a ser tratadas legalmente como absentistas resulta de una grosería indigesta. Poco menos que amenaza con la Policía a los que tengan miedo de ir a un centro que podría tener amianto en su estructura. No parece lo más sensato.

Esta torpeza no significa que el delegado de Educación no pueda estar en lo cierto. Puede ser que no haya riesgo pero se trata de convencer a los padres, no de amenazarles. El objetivo es tranquilizarles y darles un centro educativo que reúna las características mínimas para darles confianza. Agarrar la legislación para amenazar es un gesto feo y torpe.