Todos los recursos contra el terror

La respuesta social y política a los atentados de Barcelona y Cambrils fue ejemplarmente unitaria. No debía ser de otra manera ante la magnitud de los ataques sufridos y ante el riesgo de que España vuelva a ser golpeada por el terror yihadista. El aprovechamiento político y la división social ya hicieron todo el daño posible tras el 11 de marzo de 2004. Las organizaciones terroristas constituyen el enemigo común de todos los demócratas, sin excepciones. Su amenaza es constante y debe cohesionar a los ciudadanos, a la clase política y a las instituciones públicas para hacer más fuerte la necesaria reacción que estos ataques demandan. La unidad política no debe quedarse limitada al duelo por las víctimas, ni a las condenas reglamentarias de los atentados. La verdadera unidad política frente al terrorismo es la que se traduce en un acuerdo entre los partidos para hablar con sinceridad a la sociedad; y esto quiere decir que el terrorismo islamista, identificado así, sin ambigüedades buenistas, ha declarado a Occidente una guerra a muy largo plazo, ajena por completo a las explicaciones victimistas que defienden sus agencias de propaganda o ciertos sectores de la extrema izquierda europea, tan antioccidentales como los verdugos de Barcelona y Cambrils.

Además, la unidad política debe plasmarse en el consenso para dar a la lucha antiterrorista el salto cualitativo que exige el nivel de amenaza que sufrimos. El grupo terrorista que atacó Barcelona y Cambrils no estaba formado por espontáneos de última hora. Tenían organización interna, medios para alquilar dos furgonetas y determinación para planificar y ejecutar un atentado con explosivos, frustrado a última hora por la deflagración en la casa de Alcanar, donde los terroristas acumulaban bombonas de gas. También era un grupo numeroso, que había pasado a la fase definitiva de la trayectoria terrorista. Hasta ahora, las innumerables detenciones practicadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recaído en sujetos sospechosos de actividades de captación, radicalización y envío de jóvenes musulmanes a Siria e Irak para su entrenamiento terrorista y posterior regreso a España. Esta vez, los terroristas ya habían superado la fase conspirativa y este dato no puede ser ajeno a la revisión del nivel de alerta terrorista, que está en el 4, ni al análisis de riesgos para el futuro a corto y medio plazo. El autodenominado Daesh ya ha introducido a España en su mapa de operaciones y la respuesta del Gobierno debe estar a la altura de la amenaza. En una situación así, las cuentas públicas deben acoger los presupuestos que sean necesarios para aumentar las plantillas de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, y todos los recursos humanos y materiales necesarios para ganar esta guerra al terror.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha perdido una ocasión propicia para demostrar que había entendido la gravedad del momento. Cataluña ha sido el escenario de dos atentados saldados con catorce inocentes asesinados, pero que podrían haber sido muchos más. No es la independencia ni la ruptura con España el debate que conviene a Cataluña en esta situación, sino cómo mejorar la seguridad de los catalanes mediante la cooperación de administraciones públicas y fuerzas policiales. Esta amenaza de ruptura que propone el independentismo, más social y política que de otro tipo, es un escenario que equivoca prioridades y empuja a los catalanes a vivir en una mayor confusión. Proponerles, como quiere Puigdemont, que se separe del Estado que se ha volcado con Cataluña cuando ha sido atacada por el terrorismo yihadista es un ejercicio de inoportunidad política y, peor aún, de un grave desorden ético sobre lo que significa el interés general y el bien común. La unidad hace más fuertes a las sociedades. La cooperación entre administraciones y policías protege mejor a los ciudadanos. El debate independentista es un cuerpo extraño en el dolor de Cataluña por los dos atentados de Barcelona y Cambrils.

La unidad política no puede seguir siendo una foto efímera de gobernantes y representantes públicos, sino la base que necesita España para impulsar su lucha antiterrorista, con medidas aún más severas que las actuales, entre las que debería contemplarse la presencia de las Fuerzas Armadas como complemento de las fuerzas policiales. Otras democracias europeas han desplegado tropas militares en lugares que el propio Daesh considera como objetivos típicos de sus acciones. No hay que tener miedo a desplegar los recursos del Estado frente a un enemigo que ya ha demostrado –lo hizo en 2004 y ha vuelto a hacerlo– su capacidad asesina.