Terminar con la financiación ilegal

Las revelaciones que hoy publica ABC sobre la presunta ingeniería delictiva que había montado Francisco Granados en su turbión corrupto -repartiendo a pachas entre él y su «partner» en el negocio, López Madrid, y el partido las mordidas que conseguían de las empresas- vuelven a poner de manifiesto el oscuro modelo en el que se ha venido desarrollando la financiación de los partido políticos. El trajín de dineros en la sombra a cambio de concesiones de obra pública u otras posiciones de favor que, supuestamente, manejó Granados durante su estancia en el gobierno de Madrid y la dirección del PP regional fue similar al que, con sentencia firme, se ha comprobado que existió en el «caso Palau» o el que se sospecha que, a gran escala, se investiga en el «caso 3 por ciento», donde las millonarias astillas terminaban en Convergència.

Son inmumerables los supuestos en los que se ha puesto de manifiesto que la financiación de las formaciones políticas precisaba un plus de transparencia que superase definitivamente la «barra libre» hacía el fenómeno corrupto que, históricamente, facilitaba una legislación demasiado laxa. Los presuntos delitos cometidos por Granados ocurrieron en la segunda década del presente siglo, casi veinte años después de que el Tribunal Supremo diese por hecha la financiación irregular del PSOE en el caso Filesa, un escándalo surgido en 1991. Esta secuencia temporal indica que el problema es endémico y que en mayor o menor medida ha salpicado a todos los partidos desde la Transición a nuestros días. Hasta que el PP no lo incluyó en su reforma del Código Penal de 2015, no era constitutivo de delito la financiación irregular y las sentencias no conllevaban otro reproche que la «pena de telediario» o el oprobio público.

Pero este cúmulo de circunstancias (transversalidad y recurrencia) no deben ser un consuelo para nadie, y menos aún para el PP, que ha encontrado su gran sangría de apoyos ciudadanos en la corrupción y que, pese a los esfuerzos innegables que ha hecho para endurecer la legislación, sigue pagando semana a semana su inacción durante tanto tiempo. Los tiempos de la Justicia, que ahora sustancia aquellos deplorables comportamientos, le alargarán este quinario. El daño tardará en repararse. Que personajes tan éticamente lamentables como Granados hayan utilizado su paso por el poder para formar semejantes entramados criminales, con la ayuda de algunas empresas entregadas también a procedimientos corruptos, es un baldón para nuestro sistema democrático, que además de ajustar las cuentas a los corruptos en los tribunales debe conjurarse para mejorar los mecanismos que eviten el latrocinio de los bienes públicos y musculen la credibilidad del sistema.