El socialismo andaluz, en el banquillo

En plena polémica sobre la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el PSOE recibió ayer el duro golpe de la acusación del Ministerio Fiscal contra dos de sus expresidentes, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que fueron también presidentes de la Junta de Andalucía. Es decir, la cúpula del socialismo andaluz. El fiscal mete a los exdirigentes socialistas en el núcleo duro de la trama de los ERE falsos, destapada y seguida por ABC. A Griñán se le acusa de los delitos continuados de prevaricación y de malversación de fondos públicos, por los que la Fiscalía pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación. Chaves se lleva una acusación de prevaricación continuada con una solicitud de pena de diez años de inhabilitación.

La Fiscalía andaluza ha asumido el criterio del juez instructor, quien en mayo pasado dictó en un auto los mismos delitos por los que ahora son acusados Chaves y Griñán. A este último, el Supremo solo le atribuyó prevaricación, pero el juez instructor y el fiscal han visto además malversación, y por este delito se sentará en el banquillo.

Esta acusación del fiscal implica que la trama de los ERE solo fue posible con la participación activa de la propia Junta de Andalucía, que desnaturalizó los procedimientos legales para dar cobertura financiera a una salida de fondos públicos destinada a saciar el ánimo de lucro de la red clientelar socialista. No fue una red de un grupo de sinvergüenzas durante unos meses, sino una auténtica industria de la prevaricación y la malversación a gran escala y a largo plazo, que sumerge al PSOE andaluz en el mayor escándalo de corrupción pública de la historia de la democracia. La concentración de informaciones sobre la corrupción que afecta al Partido Popular, y que no son "ruido" sino el mal que ha minado la confianza de una parte de sus votantes, no debe reducir la gravedad de las acusaciones contra Chaves y Griñán y de la responsabilidad del PSOE. Este partido puede legítimamente aferrarse a que ambos acusados causaron baja como afiliados y dejaron sus escaños, cosa que hicieron después de ser imputados formalmente por el Supremo, pero si el PSOE no tiene riesgo de ser imputado en este proceso es solo porque la reforma penal que permitía acusar a los partidos políticos entró en vigor en 2013, con Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia.

El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Tanto el PSOE como el PP se rasgan las vestiduras con los casos de corrupción ajenos, mientras tratan de sortear como pueden los propios. Tampoco basta excusarse en que la tentación de meter la mano es una debilidad humana que afecta a todas las siglas y ámbitos sociales; la política no puede renunciar a su deber de ejemplaridad. Y la Justicia debe recordárselo.