Pujol: prisión justa, pero tardía

Tres años después de iniciar la investigación, la Audiencia Nacional ordenó ayer al fin el ingreso en prisión de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del que fuera presidente de la Generalitat, y considerado el cabecilla de un clan familiar que hizo del abuso de poder un modo de vida para el saqueo de las arcas públicas y el lucro personal durante casi cuatro décadas.

En dos ocasiones había salvado una orden de prisión provisional sin fianza. Hasta ayer, las únicas medidas cautelares contra él eran la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España. El tiempo ha demostrado que se trataba de prevenciones insuficientes e ineficaces para impedir su reiteración delictiva. De hecho, un informe de la UDEF del pasado 4 de abril sostiene que Pujol Ferrusola ideó, desde el mismo momento en que comenzó la investigación judicial, una estrategia de evasión contable para sustraer sus propios activos patrimoniales y moverlos de modo fraudulento en el extranjero, con el fin de evitar que en el caso de ser condenado se produjese una liquidación de ese dinero en favor de la Justicia.

Inicialmente la cantidad se cifró en catorce millones de euros, pero ahora la UDEF concluye que son treinta, de modo que durante los últimos tres años, y mientras ha gozado de libertad en plena instrucción sumarial, Pujol se ha dedicado a seguir delinquiendo ante la misma cara de la Fiscalía y los jueces. Ha sido un plus de desprecio a la Justicia tan evidente que solo podía ser merecedor de un inmediato ingreso en prisión sin fianza. Más allá de que exista o no riesgo de fuga, o de que a estas alturas pueda o no destruir pruebas, la gravedad de sus delitos –blanqueo continuado, fraude fiscal y falsedad documental–, y la reiteración delictiva, aconsejaba que por primera vez un miembro del clan Pujol entrase en la cárcel. Nunca fue creíble aquella tragicómica versión de la herencia del «abuelo Florenci» para justificar un enriquecimiento familiar a todas luces anormal.

La Justicia ha corregido una situación que resultaba extraña y difícil de entender para la opinión pública. Han sido numerosas las informaciones, muchas desveladas por ABC, que acreditan cómo Pujol incurría en un abuso de su libertad. Muchos otros empresarios o políticos envueltos en redes de corrupción comprobaban cómo por delitos menos graves, o por acusaciones de enriquecimiento menos lesivas para las arcas públicas, ingresaban en prisión de inmediato. Alguno lleva casi tres años preso sin haber sido aún juzgado. La Justicia ha de ser implacable para todos, y así deben percibirlo los ciudadanos. Ahora, al menos, la familia Pujol tendrá imposible seguir manejando a capricho ese dinero ilícito.