EDITORIAL ABC

Puigdemont, o fuga o juicio

El expresident ha empeorado claramente su situación porque ya no tiene término medio entre vivir como un prófugo o encarar un juicio que puede llevarle a prisión por más de 25 años

ABC

La retirada de las órdenes europeas de detención y entrega cursadas por la juez Carmen Lamela contra Carles Puigdemont y otros cuatro fugados es un sorprendente y audaz golpe de mano del magistrado Llarena contra la estrategia política del expresidente catalán ante la Justicia belga. Con esta decisión, el Tribunal Supremo evita cualquier riesgo de que el juez belga que tenía que decidir sobre la euroorden la concediera sólo por delitos leves, como el de desobediencia. La Justicia española habría tenido que acatar esa mutilación de acusaciones contra Puigdemont rompiendo así el juicio conjunto por todos los delitos cometidos con conexión por los responsables del proceso de ruptura unilateral de Cataluña con España. Sin orden de detención, desaparece la coartada de la persecución política y Puigdemont queda, como personaje de su tragicomedia, reducido a un cobarde que no ha tenido la decencia de asumir los riesgos que sí han asumido sus compañeros de delincuencia separatista. Además, el juez Llarena ha puesto a todos los fugados en Bélgica ante la alternativa de permanecer indefinidamente en fuga o de venir a España para enfrentarse a una segura prisión provisional y a un juicio por todos los delitos por los que están siendo investigados. Y si no viene, Puigdemont no podrá tomar posesión de ningún cargo político, lo que rematará su proceso imparable de ostracismo político.

El auto de Llarena demuestra que, desde la más estricta legalidad, es posible para la Justicia española gestionar con inteligencia los riesgos de la situación procesal creada por los delitos denunciados por la Fiscalía General del Estado. El principal de ellos era que la Justicia belga recortara hasta la irrelevancia las acusaciones por las que podría ser juzgado Puigdemont. Todo apuntaba a que esta hubiera sido la decisión que habría notificado el 14 de este mes el juez de Bruselas encargado del caso. El fiscal belga ya había excluido de la euroorden contra Puigdemont el delito de prevaricación. Además, no era fácil encajar en la legislación penal de Bélgica otros delitos como el de rebelión. Todas estas amenazas contra la posibilidad de juzgar a los prófugos por todos los delitos han desaparecido con el auto de Llarena.

Puigdemont no ha mejorado su situación. La ha empeorado claramente porque ya no tiene término medio entre vivir como un prófugo o encarar un juicio que puede llevarle a prisión por más de 25 años. El expresidente de la Generalitat iba de listo y se ha topado con una Justicia, la española, que ha demostrado que lo es más que él . Y que además ahora acumula más experiencia para prever cómo actúan algunos jueces belgas y proceder, desde el principio, en consecuencia.

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