David Oubel, el hombre acusado de matar brutalmente a sus dos hijas en Moraña
David Oubel, el hombre acusado de matar brutalmente a sus dos hijas en Moraña - EFE
Editorial ABC

Prisión permanente, demanda social

Los españoles no tienen duda de la necesidad de aplicar esta pena. Casi el 80 por ciento la apoyan, según la encuesta que hoy publica ABC

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La implantación en 2015 de la pena de prisión permanente revisable no fue una concesión al populismo punitivo, como suelen decir los detractores de esta figura, sino la respuesta adecuada a una carencia del Código Penal. Es lógico que toda reforma penal conlleve críticas, porque no es una ciencia exacta y la disparidad de enfoques es normal. Sin embargo, la polémica en España contra la prisión permanente revisable está animada, principalmente, para erosionar al Gobierno del PP y al compás de los viejos prejuicios, falsamente garantistas, que aún subsisten contra cualquier reforma que endurezca el sistema penal. La prisión permanente revisable está implantada en todos los países de la UE, es admitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la aplica la Corte Penal Internacional y el TC español no la ha objetado cuando la Audiencia Nacional ha entregado a delincuentes condenados a esta pena.

Los españoles no tienen duda de la necesidad de aplicarla. Casi el 80 por ciento la apoyan, según la encuesta que hoy publica ABC. Por partidos, son los votantes del PSOE los que lideran la opinión favorable a esta pena, con un 88 por ciento. Bien es cierto que el Derecho Penal no debe caer en la demagogia, pero llama la atención el doble rasero de quienes defienden convertir la democracia parlamentaria en un régimen asambleario y, cuando los ciudadanos respaldan lo que no les gusta, se desentienden de su opinión. La prisión permanente revisable ha entrado en el Código Penal de forma moderada, sólo para los asesinatos más abominables, y no todos. Por ejemplo, mientras no se acredite la comisión de un delito sexual, el asesino de Diana Quer se librará de esta pena. Aun así, la prisión permanente es destinataria de críticas feroces, que la retratan como un instrumento medieval que ignora el fin superior de la reinserción.

Toda pena es un castigo, y hay delitos que exigen penas muy graves. Y hay delincuentes que no son reinsertables y constituyen un peligro permanente para la sociedad. Sectores políticos y jurídicos se afanan en negar esta evidencia, pero ninguno tiene derecho a experimentar con la sociedad solo para satisfacer sus clichés progresistas sobre la seguridad de los ciudadanos. Sin duda, sería necesaria una reforma que armonice el sistema de penas actual, en cuyas deficiencias encuentran argumentos los críticos con la prisión permanente. Pero ahora la cuestión es de principios. Resulta incomprensible la posición de Ciudadanos, dispuesto a abstenerse cuando se vote la derogación de la prisión permanente pese a tratarse de una cuestión capital en el modelo de Justicia penal. La mencionada encuesta revela que hasta un 80 por ciento de los votantes de Cs están a favor de mantener la medida. El partido de Rivera se está acostumbrando a lavarse las manos en aquello que, al margen de la cuestión territorial y económica, le exige mostrar su modelo de sociedad.