Editorial ABC

Las pensiones exigen responsabilidad

El futuro de las pensiones no se puede afrontar con simples parches, cuya aplicación tan solo posterga el problema de fondo

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EL sistema público de pensiones es uno de los pilares del Estado de bienestar y, como tal, exige responsabilidad y altura de miras por parte de los partidos políticos para dejar esta materia al margen de la pugna electoralista, y alcanzar un gran pacto con el fin de garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo. El futuro de las pensiones no se puede afrontar con simples parches, cuya aplicación tan solo posterga el problema de fondo, ni con peregrinas ideas cargadas de demagogia y sinrazón para tratar de ganar votos, puesto que tal deriva agravaría la situación de forma muy sustancial. El Tesoro anunció ayer que volverá a prestar a la Seguridad Social cerca de 15.000 millones de euros este año para cumplir con el pago puntual de las prestaciones, lo cual supone casi 5.000 millones más que en 2017, dado que la hucha de las pensiones está próxima a agotarse tras los cuantiosos desembolsos realizados en los últimos ejercicios. Tirar de deuda para cubrir el déficit que sufre el sistema no solo no resuelve nada, sino que su mantenimiento resulta insostenible en el tiempo. Mucho peor aún es la alternativa que ofrece el PSOE, con Pedro Sánchez lanzado a prometer lo imposible en una nueva gira por todo el país con tal de recuperar terreno electoral, por mucho que sus propuestas resulten infinanciables y muy dañinas para el conjunto de la economía nacional. Los socialistas, con el apoyo cerrado de los sindicatos, insisten en la necesidad de aumentar el gasto en pensiones mediante su vinculación al IPC y la derogación del factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019 y que ligará la futura prestación a la esperanza de vida, dos de los elementos clave que introdujo la última reforma del sistema en 2013 para fortalecer su solvencia. Además, plantean crear nuevos impuestos y eliminar las bonificaciones al empleo con el objetivo de disparar la recaudación, a pesar de la elevada presión fiscal que sufren las familias y empresas españolas.

Su visión no puede ser más errónea. Tanto el gasto de la Seguridad Social como los ingresos por cotizaciones se sitúan en máximos históricos. El déficit estructural que sufre el sistema desde 2012 se debe a la destrucción laboral que tuvo lugar durante la crisis y al progresivo envejecimiento de la población, que impide el necesario relevo generacional y terminará presionando a la baja las futuras prestaciones. Como resultado, España cerró el pasado año con 2,2 afiliados por pensionista, su peor dato desde 1999. No es tiempo de dislates ni de paños calientes. Los grandes partidos deben recuperar la madurez demostrada en 1995, cuando forjaron el Pacto de Toledo para superar una situación similar. Hay que seguir impulsando la creación de empleo y la productividad y que ciertos gastos se financien vía Presupuestos, al tiempo que se incentiva la natalidad, la prolongación de la vida laboral y el ahorro.