EFE
EDITORIAL ABC

O acatan de verdad o deben seguir en prisión

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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra los golpistas catalanes, que el ex vicepresidente Junqueras, los siete exconsejeros y los líderes de Òmnium Cultural y ANC continúen en prisión incondicional. El magistrado no decidirá hasta el lunes, víspera del inicio de la campaña del 21-D, si los mantiene en prisión preventiva o les deja en libertad provisional bajo fianza. La petición del Ministerio Público parece más que justificada pues aunque todos los imputados han acatado la aplicación del artículo 155, algo a lo que ya se habían comprometido por escrito, no parece suficiente al menos en el caso de dos de los principales cabecillas del clan sedicioso, Junqueras y Romeva, que se negaron a contestar a la Fiscalía. Así colaboran ambos con el Estado de Derecho. Su acatamiento del 155 es meramente táctico y no ofrece fiabilidad alguna, pues como reconoció uno de los abogados de exconsejeros del PDECat «acataron el orden constitucional a su manera», añadiendo algunos de ellos que entienden que «la Constitución debe interpretarse de forma flexible y dar paso a una negociación». Tenemos sobrados ejemplos de en qué consiste la «flexibilidad» de los separatistas: hacer añicos el Estado de Derecho y romper la unidad de España, entre otros contorsionismos impresentables de la legalidad. Por otro lado, y viendo el comportamiento de Puigdemont y el resto de los huidos de la Justicia, el riesgo de fuga sigue patente. Hablamos de un clan que ha trabajado unido con un plan preestablecido. La comparecencia ante el Supremo de los golpistas y sus compinches extragubernamentales, los llamado «Jordis», se pareció más a una declaración de campaña electoral (en el caso de Junqueras para competir con el prófugo en Bruselas) que al acatamiento cabal de la ley, con renuncia expresa a participar en otra asonada similar.