No es referéndum, sino agitación

La comparecencia pública, ayer, de los consejeros catalanes Forn, Romeva y Turull no sólo fue la retransmisión en directo de un delito flagrante de desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También fue la demostración de que la ruptura con la legalidad constitucional ha alcanzado en Cataluña un nivel que desborda los límites de la capacidad de jueces y fiscales para frenarla. Ahora ya no hay tiempo para, a través del artículo 115 de la Constitución, despojar a los nacionalistas de las competencias que les han permitido, por ejemplo, hacer escarnio público, como el de ayer, con el ordenamiento constitucional. El resultado visible e inmediato de esta quiebra de la lealtad constitucional, una auténtica traición al pacto político en el que se sostiene el propio autogobierno catalán, ha sido la gran mentira del referéndum convocado para mañana. Conscientes de su ilegalidad y de la imposibilidad de celebrarlo en condiciones pacíficas, los dirigentes nacionalistas quieren transformar el 1-O en una nueva prueba de fuerza para el Estado, con ejercicios de ocupación de los colegios y centros públicos señalados para la votación. De nuevo, los nacionalistas demuestran que votar es lo que menos les importa. Buscan horadar la fuerza del Estado y la supremacía de la Constitución con el chantaje de que el Gobierno no querrá asumir el coste de una respuesta policial violenta con tal de evitar la votación. No habiendo garantía de que la Policía autonómica cumpla la orden del Tribunal Superior catalán de cerrar los colegios electorales, quizás el Gobierno central tenga que tomar más decisiones ingratas. Sí habrá que explicar cómo es posible que la cúpula de los Mossos d’Esquadra se haya mantenido intacta a pesar de su pública y notoria indiferencia ante los mandatos judiciales y la falta de colaboración con la Guardia Civil en situaciones de violencia.

El nacionalismo ha situado a las instituciones autonómicas en la ilegalidad y la insurrección, convirtiéndolas en plataformas de agitación callejera. El Gobierno central ha descalificado a Puigdemont y a Oriol Junqueras como interlocutores para futuros diálogos, pero el problema no es de personas concretas. Las responsabilidades penales no son suficientes ante una exhibición diaria y constante de uso de las competencias autonómicas contra el interés nacional. Sin embargo, la valoración que merezca el tipo de respuesta dada a los nacionalistas no debe confundir sobre la identidad de los culpables. Es el momento de dejar claro que los únicos responsables de esta crisis y de los conflictos que se produzcan en el futuro son los dirigentes separatistas, y que sobre todos ellos debe recaer el peso de la ley y el de la responsabilidad política. Y también es hora de dejar de premiar al separatismo bien porque agreda, bien porque deje de agredir.