Declara el «chófer de la coca»

«El ministro» y la banda de los ERE

Juan Francisco Trujillo declaró ayer en el juicio de los ERE y ratificó punto por punto lo que declaró en su día durante la instrucción del caso: que Guerrero disponía a su antojo de aquel fondo creado para aliviar la angustia de los parados

Álvaro Martínez

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En Llanos del Sotillo, su pueblo, a Juan Francisco Trujillo le conocían como «el ministro» no solo por el cochazo oficial que conducía sino por el tren de vida que llevaba desde que entró en la Junta. A Trujillo ahora se le conoce como el «chófer de la cocaína» desde que declaró que, además de conducir el coche del director general de Trabajo de la Junta, Francisco José Guerrero, conocido como «el jefe», era el encargado de suministrarle la droga que, entre combinado y combinado, ambos consumían en las fiestas que organizaban en esos bares de lucecitas de neón. Unos 25.000 euros al mes en coca se solían trasegar.

«El ministro» declaró ayer en el juicio de los ERE y ratificó punto por punto lo que declaró en su día durante la instrucción del caso: que Guerrero disponía a su antojo de aquel fondo creado para aliviar la angustia de los parados, repartiéndolo indiscriminadamente y sin necesidad de que justificase nada. Al menos de eso alardeaba «el jefe», que por eso le endosó ayudas de casi un millón de euros a dos empresas de Trujillo, que no tardó en darse cuenta del chollo de aquel grifo abierto y rápidamente decidió ser empresario además de chófer. Supuestamente esos 900.000 euros eran para abrir una oficina de asesoramiento y para crear un negocio de turismo rural en la Sierra de Andújar, pero naturalmente no creó nada. También reconoció ayer «el ministro» las continuas visitas de «el jefe» al sindicalista Juan Lanzas, aquel que según su madre tenía dinero «como para asar una vaca» y que era conocido como «el conseguidor» en esta trama delincuencial. Cuando la Guardia Civil entró en casa de Lanzas encontró fajos de billetes escondidos en el colchón.

Exactamente eso, el gigantesco descontrol y reparto discrecional de 800 millones de euros de dinero público, en teoría destinados al socorro de los desempleados, es lo que juzga la Audiencia Provincial de Sevilla en la persona de 21 altos cargos de la Junta. Según sospecha la Fiscalía, todos conocían ese desbarajuste a través de hasta quince informes de la Intervención de la Junta, críticos con el procedimiento. Lo sabían y -cree la Fiscalía- lo toleraron, poniendo ese dineral en manos de tipos de la catadura moral de «el jefe», «el ministro» y «el conseguidor», que no faltaba ni un alias en la banda de los ERE.

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