Legítima defensa

Puigdemont no será «president». Hasta los suyos lo dan ya por muerto. Pero hemos rozado el desastre

Isabel San Sebastián
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España ha ejercitado un derecho que la Ley de cualquier país reconoce a toda persona amenazada: la legítima defensa. En este caso el sujeto de derecho no era un individuo, sino la nación, atacada en su mismo ser por el secesionismo catalán encarnado en Carles Puigdemont. La respuesta que ha dado a esa agresión el Estado, obligado a proteger la integridad nacional, ha sido necesaria, justa, proporcional, impecablemente democrática e incuestionable desde el punto de vista jurídico. En esta ocasión el Gobierno ha estado a la altura de su responsabilidad y el Tribunal Constitucional ha demostrado pericia en el desempeño de sus funciones. Ahora falta que se mantenga esta línea de actuación firme, porque el abismo al que nos asomamos el sábado, antes de saber si los jueces evitarían o no el ridículo monumental de ver a un presunto delincuente huido siendo elevado a la Presidencia de la Generalitat a distancia, mediante voto telemático o alguna otra triquiñuela, fue la consecuencia de una larga serie de errores debidos a la cobardía más que a la debilidad.

Bordeamos el precipicio, sí. Estuvimos muy cerca de servir en bandeja a los separatistas una victoria que habrían explotado hasta la saciedad dentro y fuera de nuestras fronteras. Eso se les da muy bien. La manipulación de conciencias, ejecutada con el auxilio impagable de políticos y medios de comunicación dispuestos a respaldar la voladura de España con tal de dañar al PP y/o subir sus índices de audiencia, es su especialidad. Han arruinado Cataluña, robado al contribuyente y perpetrado una intentona golpista, pero siguen ganando elecciones gracias a su dominio de la propaganda (una habilidad aprendida del «nazionalismo» con zeta) y a la precipitación del Ejecutivo en la convocatoria de esos comicios. Sobre todo, en lo que a los demócratas respecta, a ese segundo factor, precedido, a su vez, de otros fallos garrafales.

La razón de ser de un separatista es romper España. Va de suyo. Hará lo que esté en su mano por conseguirlo. La de un gobernante español ha de ser impedírselo. ¿Cómo? Con todos los medios legales a su alcance. Para eso están, entre otras cosas, las fuerzas, cuerpos y servicios de seguridad, empezando por el CNI. Impedírselo incluye evitar la celebración de un referéndum prohibido por el TC o la fuga del presidente que acaba de proclamar la «república catalana». En ese empeño fracasaron Mariano Rajoy y su «delegada» para asuntos relativos al «proceso», Soraya Sáenz de Santamaría. Impedírselo incluye aplicar el 155 cuando no queda otro remedio, y ahí el presidente y la vicepresidenta dieron la talla requerida… a medias. Porque la timorata modalidad escogida pronto demostró ser absolutamente insuficiente.

La intervención de la autonomía catalana era una patata caliente en manos de la Moncloa; es evidente. Tampoco el PSOE o Ciudadanos deseaban asumir la corresponsabilidad de una medida semejante más allá del tiempo imprescindible, como si garantizar la vigencia del marco constitucional fuese algo vergonzante. De modo que fraguó un acuerdo unánime para llamar a las urnas en el plazo mínimo posible, antes de dar tiempo a la justicia para depurar las responsabilidades inherentes al golpe del uno de octubre. Antes de que las órdenes de busca y captura o la prisión preventiva se transformaran en condenas firmes. De esos polvos pusilánimes derivan los lodos salvados ahora por el Constitucional «in extremis».

Puigdemont no será «president». Hasta los suyos lo dan ya por muerto. Es un personaje grotesco abocado a la cárcel o la fuga de por vida. Pero ha estado muy cerca de provocar un daño irreparable a la imagen de España. Hemos rozado el desastre.

Isabel San SebastiánIsabel San SebastiánArticulista de OpiniónIsabel San Sebastián