José María Carrascal

Insurrección

Tan malo como desobedecer las leyes es no hacerlas cumplir

José María Carrascal

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Antes de ocurrir el referéndum, el gobierno de la Generalitat está actuando como si fuese la única autoridad en Cataluña, desobedeciendo todas las disposiciones del gobierno de la Nación y las sentencias de sus más altos tribunales. Aunque desobedecer es una palabra demasiado tímida para tal proceder. Se trata de una insurrección cuyo pistoletazo de salida escenificaron Puigdemont y Junqueras en Tarragona y planean repetir por toda Cataluña hasta el 1-O para demostrar que ya Cataluña no forma parte de España.

Ha sido un gol que le han metido a un gobierno tan cuidadoso de atenerse a la legalidad que olvidó que, en este mundo traidor, no basta con tener razón, hay también que defenderla. Y que, con los dispuestos a violarla, la única actitud es aplicarla con el máximo rigor. Mientras los independentistas se limitaban a lanzar bravatas, la libertad de palabra les amparaba. Pero han pasado a los hechos y los tribunales han dictado las sentencias que los ilegalizan. Se acabaron las contemplaciones. Llega la hora de actuar con «proporcionalidad», que en caso de insurrección, significa usar todos los medios de que dispone un Estado de derecho, que son muchos y contundentes, para impedirlo. Tan malo como desobedecer las leyes es no hacerlas cumplir, misión que corresponde al gobierno. El acto de Tarragona mostró una Cataluña convertida en Estado de facto. De continuar por este camino, terminará siéndolo de jure, al haber renunciado el Estado español a hacer uso, no ya de sus atribuciones, sino de sus obligaciones. Algo que no hará más que fomentar la insurrección y convertirá España es un Estado fallido. Ada Colau , jugando al escondite con el gobierno, es el mejor ejemplo del poco respeto que le inspira.

Si el govern catalán se escuda en una multitud enfebrecida por un nacionalismo tan artero como mentiroso –desde el maltrato que sufre a manos de España hasta que continuarán en la Unión Europea, pasando por esa carta en la que piden «diálogo» y exigen rendición–, el gobierno español no puede esconderse tras legalismos por legales que sean. Una ley o sentencia que no se ejecuta es peor que la inexistencia de leyes o sentencias, al mostrar la impotencia del Estado. Si Puigdemónt no puede esconderse tras los alcaldes para celebrar su referéndum ilegal , Rajoy no puede esconderse tras los jueces ni, menos, tras los catalanes que quieren seguir siendo españoles. Los ciudadanos no tienen que ser héroes. Bastante hacen con trabajar, sacar adelante su familia y pagar los impuestos, con los que se pagan a las fuerzas de orden público para mantenerlo. Así que Rajoy ha respondido al desafío con tanta claridad como contundencia: de entrada, asumirá la hacienda catalana para que ni un sólo euro vaya a financiar el referéndum. Luego, advirtió que «seguirá actuando» si ellos siguen delinquiendo, lo que significa asumir otras funciones de su gobierno. Las espadas desenvainadas siguen en alto. ¿Le harán caso? Temo que no. Han ido demasiado lejos para retroceder como ocurre a cuantos tienen más ambición de inteligencia.

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