La inmigración ilegal, problema europeo

España practica una política de cooperación con los países africanos que es un modelo para el resto de los europeos, pero tiene sus límites.

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Ha vuelto a suceder y no será la última vez: la presión migratoria es tan fuerte que los medios convencionales para proteger las fronteras no son suficientes y acaban siendo superados por aquellos que se han propuesto buscar su futuro en tierra europea. Es evidente que el concepto tradicional de frontera ha perdido su esencia y que la doctrina de Dublín que atribuye la responsabilidad de los irregulares al país a través del que se produce el ingreso en territorio comunitario, no pueden seguir siendo la base de la gestión de un problema que afecta a toda la UE en su conjunto.

Hay una legislación internacional que obliga –con buen criterio– a socorrer a aquellos que huyen de una situación de guerra en la que sus vidas están claramente en peligro. Pero hay otra obligación que es la de respetar la ley, incluyendo los preceptos que regulan el derecho a permanecer en un país, que se ha convertido en papel mojado bajo pretextos supuestamente humanitarios, lo que ha creado una situación perversa en la que parece que los delincuentes son los que tratan de poner orden y no los que violan las reglas. Lo que ha sucedido en Ceuta es un caso paradigmático de esta situación, igual que lo son los cientos de rescatados en el mar, que saben que no serían admitidos en una frontera tradicional y prefieren apelar a los sentimientos de buena voluntad de los europeos entrando a la fuerza. España practica una política de cooperación con los países africanos que es un modelo para el resto de los europeos, pero tiene sus límites. Es cierto que la UE tiene medios limitados para hacer frente a este problema, pero los tiene y el Gobierno debería acudir a la agencia Frontex para que el peso del control de las fronteras exteriores de Ceuta y Melilla no caiga solo sobre las espaldas de España.