El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, opina sobre la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de presuntas torturas a los miembros de ETA
El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, opina sobre la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de presuntas torturas a los miembros de ETA - EFE
Editorial ABC

Injusticia europea

Los magistrados del Tribunal de Estrasburgo, que juzgan desde la distancia del tiempo y la razón, han hecho buena la estrategia etarra de la denuncia falsa por torturas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se está convirtiendo en un factor distorsionador de la lucha final contra ETA mediante sentencias que responden a una aplicación voluntarista y torpe de las garantías previstas para los ciudadanos. Después de conculcar su propia jurisprudencia para anular la «doctrina Parot» y regalar excarcelaciones anticipadas a asesinos convictos, el Tribunal de Estrasburgo animó ayer el relato justificativo de ETA con una sentencia de condena a España a pagar a los asesinos de la T4, Igor Portu y Martín Sarasola, sendas indemnizaciones por haber sufrido malos tratos en sus detenciones y no haber sido investigados. Estos jueces europeos, que juzgan desde la distancia del tiempo y la razón, han hecho buena la estrategia etarra de la denuncia falsa por torturas, cometiendo la aberración jurídica de trasladar a los acusados la carga de probar que no torturaron, cuando, además, los guardias civiles que protagonizaron la exitosa detención de estos asesinos fueron absueltos de toda culpa por el Tribunal Supremo. La sentencia europea es un despropósito porque reprocha a la Sala Segunda del Supremo que no investigara los malos tratos y no diera valor probatorio a unos informes médicos que el Alto Tribunal consideró que se basaron en la premisa falaz de que hubo maltrato a los detenidos. Ni al Supremo le compete investigar, porque es un tribunal de casación -detalle que los jueces europeos deberían conocer-, ni la denuncia quedó sin investigar. Es más, motivó la condena de los guardias civiles en primera instancia por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, luego revocada por el Tribunal Supremo.

El Tribunal de Estrasburgo se ha excedido en su competencia, porque su decisión pretende suplantar al Tribunal Supremo español en la valoración jurídica del caso. Por tanto, el Gobierno español debe reaccionar contundentemente contra esta sentencia e impugnarla si es posible y, en todo caso, revisar su estrategia de defensa ante el Tribunal de Estrasburgo, porque son demasiadas decisiones inaceptables. Resulta igualmente escandaloso que el acrisolado jurista del PSOE Luis López Guerra, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siempre esté presente en las últimas sentencias que dan cobertura a los intereses de ETA contra el Estado español. Amparó a Arnaldo Otegui cuando fue condenado por injuriar al Rey Juan Carlos. Fue activo protagonista de la derogación de la «doctrina Parot», precio que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se comprometió a pagar a ETA. Y ha firmado la sentencia que condena a España por malos tratos a Portu y Sarasola, justo cuando la sociedad española y las víctima del terrorismo quieren evitar que ETA blanquee su historia de terror como un conflicto entre iguales. Digan lo que digan los jueces europeos, entre la versión de dos asesinos, por un lado, y dos sentencias del Supremo y la palabra de la Guardia Civil, no hay duda.