Tribunal Constitucional
Tribunal Constitucional - EFE

Garrotazos jurídicos

Lo siento, pero hasta que su vecino le mate, no puedo actuar

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Si un individuo anunciase que planeaba matar a alguien, a un vecino por ejemplo, señalando el lugar, la hora y el instrumento homicida, lo más lógico es que el vecino se fuera derecho a la comisaría más próxima a denunciarlo y que los agentes le llevasen ante el juez de guardia para que tomara las medidas oportunas. Hasta aquí, todo normal. Lo sorprendente sería que, tras escuchar al vecino, el juez le dijera: "Tiene usted toda la razón. Pero yo no puedo hacer nada porque, hasta el momento, no se ha cometido ningún delito. Ha habido, sí, un propósito que puede o no materializarse, pero hasta que no se convierta en hecho punible, la justicia debe abstenerse". Que traducido al lenguaje de la calle sería: "Lo siento, pero hasta que su vecino le mate, no puedo actuar".

Aquí debería poner el aviso: "Toda semejanza con el dictamen del Consejo de Estado y de los letrados del Tribunal Constitucional sobre la decisión del Gobierno de impugnar la investidura de Puigdemont es mera coincidencia". No lo hago porque añadiría cinismo a la innegable analogía, rebajándola. Es verdad que hasta el momento, en el Parlament no se ha cometido delito. Pero hay un hecho innegable: se dispone a proclamar presidente de Cataluña a un prófugo de la justicia, acusado de delitos tan graves como sedición, desacato y malversación de fondo públicos. Sólo eso basta para invocar el artículo 161.2 de la Constitución, que permite al Gobierno impugnar las disposiciones que considere ilegales de las Autonomías, cuya aceptación por el Constitucional significaría quedar suspendidas. A lo que se añade que el Consejo de Estado no es un organismo judicial, sino consultivo, de personalidades de reconocido prestigio, encargado de aconsejar –de ahí su nombre– al gobierno en asuntos trascendentes, pero no de obligado cumplimiento.

Lo importante es lo que diga el Tribunal Constitucional. Y allí las cosas están más confusas de lo que se creía. No sólo sus letrados, también el ponente de la resolución aceptan la tesis del Consejo de Estado: la petición del gobierno debe rechazarse por "tener un propósito preventivo". De imponerse esta tesis el golpe, no ya al gobierno sino al entero asunto, sería tremendo. Nos quedaría el consuelo de demostrar que España es un Estado de derecho, con división de poderes. Pero ésa sería una victoria moral y una derrota política.

El Constitucional debatió durante seis horas con una mayoría inclinada a bloquear la designación de Puigdemont y una minoría apoyando la opinión de sus letrados de rechazar la petición del gobierno. Al final, dictaron una sentencia salomónica que acepta la votación de Puigdemont, siempre que regrese a España, sin garantizar se que no será detenido. No creo que satisfaga a los secesionistas dispuestos a reclamar ante el Tribunal Europeos de Derechos Humanos. Son incluso capaces de presentar ante el Constitucional un recurso contra su sentencia, tras haber presentado ante el Supremo una querella criminal contra el gobierno, en el más puro estilo español de debatir a garrotazos. Jurídicos, esta vez, menos mal. Ha sido una victoria por la mínima y por penaltis. Pero mejor que nada. Aunque si no se ponen de acuerdo los jueces, ¿quién va a ponerse?