EDITORIAL

Frenar el golpe concierne al TC

Numerosas autoridades de la Generalitat catalana están incumpliendo diaria y públicamente la paralización del referéndum del 1-O. Son autoridades a las que el Tribunal Constitucional debe suspender

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), a su llegada al Teatro Principal de Badalona
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), a su llegada al Teatro Principal de Badalona - EFE
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Los nacionalistas catalanes han llevado su enfrentamiento con el Estado a un punto de no retorno y el Estado está respondiendo. Ayer, el Consejo de Ministros dirigió un requerimiento a la Generalitat para que siga informando semanalmente sobre el destino dado a sus fondos. Tal requerimiento puede ser el paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que contempla medidas de intervención en aquellas comunidades autónomas que incumplan sus obligaciones constitucionales. La Fiscalía ya ha citado a declarar en calidad de investigados a varios alcaldes secesionistas, y los que no acudan a la citación serán detenidos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite las primeras querellas y diversos juzgados en otros puntos del país están evitando la apología del referéndum del 1-O, porque sería constitutivo de delito una vez que el Tribunal Constitucional ha suspendido las leyes y acuerdos de la Generalitat que lo convocaban.

Por eso, también es la hora del TC en este momento crítico. Gobierno, jueces, fiscales, alcaldes y funcionarios públicos de toda clase se están implicando en frenar la embestida contra el Estado con actuaciones que, sin duda, para muchos de ellos, sobre todo ediles y funcionarios catalanes, acarreará el señalamiento público de los separatistas. Es cierto que el TC ha reaccionado con rapidez y unanimidad en todas sus resoluciones contra el proceso separatista, gracias a lo cual, el resto de instituciones del Estado han podido dar fundamento jurídico a sus decisiones administrativas y judiciales. Pero nadie puede decir que su responsabilidad esté agotada. El Parlamento dotó al TC de la potestad para vigilar la ejecución de sus decisiones y para sancionar a quienes las incumplieran con la suspensión en sus funciones públicas. Es público y notorio que esta reforma legal no cuenta con el respaldo de una parte no mayoritaria de los magistrados del TC, pero esto ahora resulta irrelevante. Es una ley vigente, avalada por el propio TC y que debe ser acatada. El TC, por ser la última instancia de control constitucional, no está exento de cumplir las leyes que él mismo refrenda.

Empezando por Carles Puigdemont, numerosas autoridades de la Generalitat catalana están incumpliendo diaria y públicamente la paralización del referéndum del 1-O. Son autoridades a las que el TC debe suspender, sea o no del agrado de sus magistrados la ley que prevé esta medida, incluso por discutible que resulte para muchos juristas que no comparten la idea de que el TC tenga esta potestad sancionadora. Los jueces no aplican las leyes en función de sus gustos, sino del mandato de las propias leyes.

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