Ignacio Camacho

Excepción

Los rupturistas han implantado un estatus de legalidad desviada y de abuso de poder que pervierte el orden democrático

Ignacio Camacho

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Pues claro que hay un estado de excepción en Cataluña. Sólo que, al contrario de lo que sostiene Pablo Iglesias con manifiesta deslealtad constitucional y notable descaro, son los soberanistas quienes han creado la anomalía al implantar por las bravas un régimen de corte bolivariano . Las instituciones, las calles, el sistema político y la vida civil toda han sido tomadas al asalto por los partidarios de la independencia con técnicas de golpe de mano. Han suspendido el Parlamento, desobedecido las leyes, hostigado a la oposición y utilizado irregularmente los datos personales de los ciudadanos. Han intimidado a las familias de los dirigentes adversarios y lanzado brigadas patoteras contra los disidentes, los agentes de la fuerza pública y los magistrados. Han subvertido la legitimidad de sus cargos para alzarse contra el Derecho vigente y han obligado a manifestarse a los escolares a favor de su designio autoritario . Han establecido, en suma, una situación de legalidad desviada y de abuso de poder que pervierte el orden democrático.

Los rupturistas han llevado el conflicto a la sinrazón pura, al delirio populista, al atropello totalitario . La sociedad catalana, que primero fue abducida por la mitología nacionalista, ha acabado secuestrada por sus propios representantes y arrollada por un movimiento de sedición contra el Estado. Acaso muchos se lo merezcan por su complicidad, indiferencia o cobardía; por haber creído que del embrollo obtendrían alguna clase de beneficio o por haber simpatizado con la fantasía de convertirse en sujeto soberano. Pero este clima combustible de crispación civil, de acoso a la discrepancia y de pensamiento uniforme ha llegado a un estadio incompatible con la convivencia normal de un pueblo civilizado.

No va más. Ninguna nación democrática puede permitir en su territorio un levantamiento de populismo revolucionario . Los tintes xenófobos de la revuelta han sobrepasado cualquier límite de tolerancia y suprimido toda posibilidad de diálogo. El desvarío secesionista ha conducido, en efecto, a una tesitura de excepción, de anormalidad, que requiere el restablecimiento urgente de los principios jurídicos y políticos vulnerados. Y si algo cabe reprocharle a este Gobierno no es su contundencia represora sino todo lo contrario; cargado de razones para ejercer todas sus facultades constitucionales, ha optado por una estrategia casi de guante blanco. Más nos vale a todos que funcione porque lo único que el Estado no puede permitirse ante este desafío es un fracaso.

Cataluña es hoy una anomalía europea: una comunidad desarrollada, teóricamente instruida, arrastrada por una suerte de enajenación multitudinaria, un delirio insensato. Acaso en la génesis de este trastorno existan muchas responsabilidades compartidas, pero si acaba mal, y puede acabar mal, debe quedar claro a quién corresponde la de haberlo provocado.

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