Entre prófugos y renegados

Una de las máximas del derecho de defensa de todo querellado es que puede mentir en su propio beneficio. No es que tenga formalmente reconocido el derecho a mentir, pero si lo hace, resulta impune. Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros encarcelados han abrazado con entusiasmo la causa de la legalidad constitucional para justificar su petición al magistrado Pablo Llarena de que revoque su prisión provisional. En sus escritos al instructor, los encarcelados se comprometen a aceptar lo que no les queda más remedio: la aplicación del artículo 155 de la Constitución y las vías pacíficas y democráticas. La prisión provisional no es un centro de reeducación, sino una medida cautelar para evitar ciertos riesgos, como el de fuga, la reiteración delictiva o la destrucción de pruebas. Por eso, lo decisivo para que estos investigados salgan de prisión no es lo que digan de palabra sino lo que el juez instructor considere realmente previsible. No hay duda de que estas declaraciones de principio de Junqueras y compañía son afirmaciones de pura conveniencia, falaces por completo, aunque acusen recibo también de la eficacia del Estado de Derecho y del valor aleccionador de los perjuicios que se derivan del incumplimiento de la ley.

Ahora bien, la prisión provisional se llama así porque puede ser revisada en función de cómo evolucione la investigación penal y la doctrina del Tribunal Constitucional es muy insistente en recordar a los jueces que deben valorar cómo afecta el paso del tiempo a los riesgos que justificaron el encarcelamiento. El magistrado Llarena ya ha mostrado su criterio más flexible sobre las medidas cautelares a los querellados por delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos. Ninguno de los aforados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo está en prisión provisional y quizá los querellados procedentes de la Audiencia Nacional salgan de la que aún pesa sobre ellos, aunque entre unos y otros hay diferencias en cuanto a su participación en los hechos.

Al margen de la valoración judicial de estas proclamas de Junqueras y los exconsejeros en prisión, resulta evidente la pérdida de compromiso público y de coherencia personal de todos ellos -empezando por el fugado Carles Puigdemont- con la causa independentista. Sus requiebros legalistas para salir de prisión demuestran que la aventura secesionista fue una gran estafa al pueblo catalán y que, a la vista está, Cataluña no les merece un día de prisión. Tuvieron la desfachatez de compararse con Nelson Mandela, que permaneció 27 años en prisión. Ellos no han aguantado ni un mes. Mintieron a los catalanes y mienten ahora al juez, convirtiéndose en prófugos, unos, y renegados, los otros.