EDITORIAL ABC

Una agencia de nepotismo en la Junta

Tras el escándalo de los ERE, un organismo destinado a promover el empleo en Andalucía se transforma en un coladero de "enchufados" vinculados a cargos socialistas

Una agencia de nepotismo en la Junta
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Bien conocido por el rigor ético con que suele tratar al Partido Popular en cuestiones de corrupción, Ciudadanos vuelve a tener una oportunidad para demostrar su imparcialidad y autenticidad, esta vez en Andalucía, con su socia Susana Díaz. Los malos hábitos del Gobierno andaluz de utilizar una administración paralela para financiar a amigos y familiares siguen vigentes, según revela ABC en la información exclusiva sobre la situación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Esta agencia es heredera del Instituto de Fomento de Andalucía, el IFA, y ha sido la columna vertebral de la trama de los ERE falsos, que va a sentar en el banquillo a dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Actualmente, en IDEA está contratada una veintena de familiares de antiguos altos cargos públicos y exdirigentes del PSOE. Una prima del expresidente Felipe González, un exconcejal de Cádiz y la pareja de un exconsejero acompañan en la lista de contratados a hijas, hermanos y sobrinas de representantes del socialismo andaluz. Al ser una agencia pública y no un órgano interno de la administración autonómica, la inspección sobre el uso de los fondos en IDEA es más complicada y favorece una opacidad en la que fermentan la arbitrariedad y la sospecha.

Tras el escándalo de los ERE, de Mercasevilla y de los cursos de formación, entre otros, surge un nuevo caso en el que una agencia destinada a promover la modernización y el empleo de Andalucía se transforma en una agencia, sí, pero de colocación nepotista en la nueva versión del cortijo caciquil. Al margen de que estas contrataciones sean o no ilegales –habría que conocer las condiciones en las que se realizaron, si precisaban o no concurso público o cuáles eran las condiciones específicas de formación y experiencia necesarias para acceder al puesto–, en Andalucía hay que decir basta al abuso de la administración autonómica por parte del poder. El grado de arraigo del amiguismo y de la arbitrariedad con la que se maneja el dinero público es tal que los sumarios de los ERE y sus numerosas piezas separadas no han podido desmantelarlos. Y la culpa no es principalmente de la Justicia. Los jueces siempre llegan después, cuando el delito ya se ha producido, y no son ellos, en última instancia, a quienes corresponde garantizar la higiene de la gestión pública, sino a los responsables políticos, más aún cuando se trata de vigilar unos fondos destinados a fomentar y mejorar el empleo. Por eso es evidente que, sin un cambio de ciclo político en Andalucía, no se dará el salto cualitativo necesario para romper los vínculos de corrupción y abuso entre el PSOE y la organización administrativa de Andalucía.

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