Baleares será la primera comunidad en garantizar la protección de la posidonia con un Decreto

Baleares será la primera comunidad autónoma en garantizar la protección y la conservación de la Posidonia oceánica mediante un Decreto que ayer presentaron el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, y el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miquel Mir.

El objetivo del proyecto de Decreto sobre la protección de la Posidonia oceánica es establecer un marco jurídico homogéneo para salvaguardarla como especie y como hábitat regulando los usos y las actividades que la puedan afectar, según ha explicado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en un comunicado.

La normativa sobre posidonia prohíbe la pesca de arrastre, la ubicación de instalaciones de acuicultura, las extracciones de áridos, el vertido de materiales dragados, el vertido de salmueras procedentes de desaladoras y el fondeo incontrolado.

Asimismo, se incluyen dentro de este régimen las nuevas instalaciones y obras sobre fondos marinos de posidonia y los vertidos derivados de emisarios o de cualquier otra actividad.

En cambio, se excluyen de este régimen de prohibiciones la instalación de boyas ecológicas y las actividades u otras actuaciones legalmente permitidas o autorizadas que no afecten a la superficie o la dinámica de población de las praderas, o lo afecten en un ámbito reducido. Es decir, que la superficie afectada sea inferior al 1% de la extensión de la pradera correspondiente.

Respecto a los restos de posidonia, se prohíbe la retirada, la posesión, el transporte y el uso de restos de posidonia muerta en las playas naturales sin servicios, a excepción de las prácticas destinadas a usos tradicionales y con métodos manuales. Sí se autorizan, en cambio, en las playas naturales con servicios; determinando previamente el método y las zonas de extracción de acuerdo con las características ambientales y geomorfológicas del lugar. Con respecto a las playas urbanas, y por razones socioeconómicas, se permitirá la retirada siguiendo el manual de buenas prácticas que recoge el mismo Decreto.

Se crea el «Comité Posidonia»

Por otra parte, se crean el Comité Posidonia, un comité asesor permanente con representación de los sectores interesados, y el Fondo Posidonia, que se alimentará de las aportaciones que haga la Comunidad Autónoma, otras administraciones, empresas, asociaciones y de las medidas compensatorias de actuaciones que afecten al hábitat y la especie.

El régimen sancionador se establece por medio de la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). Se consideran infracciones leves los incumplimientos acreditados del Decreto, con multas de 100 a 6.000 euros; infracciones graves, los incumplimientos acreditados que representen la destrucción de una superficie superior a un metro cuadrado de pradera e inferior a diez, con sanciones de 6.001 a 100.000 euros, y muy graves, los incumplimientos acreditados que representen la destrucción de más de diez metros cuadrados de pradera, con multas que pueden llegar a 450.000 euros.

Sin embargo, se exonerará de responsabilidad siempre que la pradera no sea visible, no esté señalizada y no haya cartografía oficial a disposición física o telemática del patrón de la embarcación. Por este motivo, el Decreto contiene una cartografía propia de las praderas y las clasifica según el valor.

El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miquel Mir, ha asegurado que «actualmente el incremento de usos en nuestras aguas ha hecho aflorar indicios sobre impactos que pueden poner en peligro el estado óptimo de conservación de la posidonia», y ha añadido que, por este motivo, «es necesaria una regulación que compatibilice la existencia de actividades humanas con la protección de la especie y el hábitat».

El borrador de Decreto empieza ahora un proceso de participación previo a la tramitación ordinaria. Ayer se envió a los principales interesados (sector náutico, grupos ecologistas, consejos insulares y ayuntamientos) para que hagan sugerencias y propuestas antes de sacar la normativa a audiencia e información pública.