El agua que nos separa

El arco mediterráneo, pendiente de los trasvases

La economía de la Comunidad Valenciana y de Murcia lleva décadas sedienta de agua y a expensas de un reparto de esta riqueza nacional que, con altibajos, ha sustentado su prosperidad en dos sectores clave: la potente industria exportadora hortofrutícola y el turismo.

La sequía cíclica y la limitada capacidad de los embalses de las cuencas del Júcar y, sobre todo, del Segura, que con 1.141 hectómetros cúbicos pueden acumular diez veces menos volumen que los pantanos del Tajo (11.012 hectómetros), por ejemplo, han convertido la escasez de agua en una pesadilla por la dependencia de estos territorios de los trasvases desde el centro peninsular.

El tira y afloja con Castilla-La Mancha -donde las transferencias a través del acueducto Tajo-Segura suscitan un rechazo frontal- se ha recrudecido desde el pasado verano por la falta de lluvias y el descenso de las reservas en los pantanos de Entrepeñas y Buendía. El Gobierno de Mariano Rajoy había auspiciado un pacto entre cinco autonomías plasmando en el memorando, por el que se blindaron los trasvases, que si escasean las reservas en última instancia decide el ministerio, pero como contraprestación a los manchegos se elevó el caudal mínimo de 240 a 400 hectómetros cúbicos como barrera para suspender los envíos de agua al sur. A pesar de ello, la Junta de Castilla-La Mancha mantiene varios recursos judiciales contra estos trasvases, que quieren suprimir definitivamente.

De hecho, este otoño bajó el nivel de ese umbral y el campo alicantino y murciano se ha tenido que regar tirando de los denominados pozos de emergencia y siguen vigentes dos decretos de sequía con otras medidas excepcionales. También se han puesto a funcionar a pleno rendimiento varias desaladoras, sobre todo la de Torrevieja, la más grande de Europa, si bien este recurso no puede abastecer las necesidades de la agricultura.

Aparte de una producción máxima insuficiente, en torno a 80 hectómetros cúbicos al año, el agua desalada debe mezclarse con agua no desalada, porque la primera contiene conductividad tras ese tratamiento y además no es apta para ciertos cultivos.

En cambio, donde existe consenso sobre el aprovechamiento de las desaladoras es en su potencial para abastecer la población flotante en el litoral de la Costa Blanca, ya que las necesidades domésticas no alcanzan las agrarias, ni de lejos. Aun así, de los trasvases del Tajo al Segura también dependen 2,7 millones de habitantes de 80 municipios en varias provincias, abastecidos por la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Depuración

Otro de los esfuerzos asumidos desde hace tiempo por los regantes y los ayuntamientos del Levante se aprecia en la depuración, donde destacan en el conjunto de España. Según un estudio difundido hace unos días por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), estas dos regiones generan el 54% del total de agua depurada que se utiliza en todo el país, exactamente 155 de los 299 hectómetros cúbicos del balance global nacional. Este volumen equivale a más o menos la mitad del caudal que llega por los trasvases en los últimos años, aunque anteriormente se transfería bastante más agua por el Tajo-Segura.

Parece que nada termina de resolver un déficit hídrico estructural que fuentes consultadas estiman entre 400 y 500 hectómetros cúbicos anuales. Por eso en esta zona se mantiene vivo el recuerdo del Plan Hidrológico Nacional, que recogía un trasvase desde el Ebro. Otras soluciones que han saltado a la palestra recientemente sugieren una conexión Ebro-Duero de 45 kilómetros o la captación en la Sierra de Gredos, en ambos casos para recargar los pantanos de Entrepeñas y Buendía. El reto lo tendrá que asumir el próximo Gobierno central, informa J.L. FERNÁNDEZ.

El Tajo agoniza

Castilla-La Mancha está en pie de guerra contra los trasvases. Desde el pasado verano, cada mes se aprueba una nueva derivación del Tajo al Segura con la consiguiente protesta tanto del Gobierno regional como de los alcaldes ribereños. Y es que los pantanos de la cabecera del Tajo, desde donde sale el agua para el Levante, están en una situación nivel 3, es decir, de excepcionalidad. La primera semana de marzo acumulaban el 18,46% de su capacidad total, 456,8 hectómetros cúbicos. Hay que tener en cuenta que según el memorando aprobado en 2014 por todas las comunidades implicadas en el trasvase, el límite para derivar agua se sitúa en 400 hectómetros cúbicos. Si la cabecera tiene acumulada menos agua que esa cantidad, no se podrán hacer trasvases.

Pero el problema en Castilla-La Mancha no solo está en la cabecera, sino en el propio río Tajo. Con una reducción importante de su caudal a causa de la sequía, hay tramos, como se pudo comprobar recientemente en Talavera de la Reina, en los que se puede cruzar el río a pie.

Sin olvidar la calidad de su agua. La alcaldesa de Toledo recordaba hace unos días, coincidiendo con la aprobación de un triple trasvase para los próximos tres meses, que «no llueve sobre mojado porque no llueve, los embalses están en mínimos y lo que moja nuestras riberas no es el agua del Tajo, sino el lodo que queda en los pantanos de cabecera y la cloaca en que se ha convertido a partir del trasvase». En ello también tiene mucho que ver la depuración de las aguas que desembocan en su cauce.

Desde hace 36 años, el agua del Tajo no ha dejado de correr hacia el Levante apelando a la «solidaridad entre territorios». Pero cuando la cuenca cedente apenas tiene agua para su propio consumo -no ya para regadío, sino para beber- es difícil ser solidario. La solución que se propone desde el Gobierno de la región (PSOE) es que los regantes del Levante utilicen las desaladoras, que ahora funcionan a media potencia y cuyos precios ya son competitivos.

Y es que a Castilla-La Mancha ya no le sirven los argumentos de los regantes del Levante sobre el precio que pagan por el agua. La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, decía recientemente que prefería tener agua en los pantanos de la región al dinero que pagaban los regantes por llevárselo.

También la Plataforma en Defensa del Tajo y el Alberche se ha movilizado en los últimos meses ante los últimos trasvases que ha aprobado el Gobierno en funciones. Considera que es un «atropello» y una «irresponsabilidad» aprobar para el próximo trimestre tres derivaciones, pues en un año hidrológicamente seco no se sabe qué necesidades puede tener la propia cuenca del Tajo, cuando ya lo que queda en los embalses es prácticamente cieno.

Agua en cisternas en verano

El verano pasado, con 158 hm3 más de agua almacenada en los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, los pueblos ribereños tuvieron que abastecerse de cisternas porque no llegaba el agua a sus casas. Una situación que puede repetirse este verano con menos agua aún en la cabecera.

Pero además de la escasez de agua, desde Castilla-La Mancha también se echa en falta más presupuesto para infraestructuras. Ese es uno de los motivos por el que se han recurrido los planes de cuenca de los cuatro principales ríos que transcurren por su territorio: Tajo, Guadiana, Segura y Júcar. Una de las peticiones es mejorar la red de Motillejo, que estabilizaría la provisión de agua potable en los pueblos ribereños del Tajo, como Alcocer y Sacedón. Las previsiones del Ministerio de Agricultura eran que las obras estarían concluidas entre marzo y abril. Sin embargo, la Consejería de Fomento afirma no tener conocimiento de que las obras se hayan reanudado.

Así las cosas, el único recurso que le queda a Castilla-La Mancha es recurrir los trasvases ante los tribunales. La experiencia dice que esta medida no llega a ninguna parte, porque en los últimos años la justicia nunca ha dado la razón a esta región. Mientras, el Tajo agoniza, informa PILAR HERNÁNDEZ.

Aragón, donde la «España verde» se reseca

El agua no solo divide territorios, sino también a partidos dentro de una misma región. Aragón es ejemplo de ello. De esa confrontación no se ha salvado ni siquiera el histórico Pacto del Agua, aprobado por las Cortes de Aragón en 1992 y agrietado con el paso de los años a vueltas con las disputas entre políticos de distinto signo.

El Pacto del Agua estableció con detalle cuánta agua necesitaba Aragón para tener garantizadas sus necesidades presentes y futuras. Estableció una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de esta región dentro de la cuenca del Ebro, y listó los embalses que hacían falta construir para ello.

Ahora, 24 años después, buena parte de esas obras siguen sin hacerse. Algunas de ellas no se harán jamás, porque la falta de consenso político o los conflictos legales acabaron por tumbarlas antes de que empezaran a construirse.

Descartado de plano el trasvase del Ebro, del que acabaron renegando tanto el PSOE como el PP -los dos en algún momento lo llegaron a defender desde el Gobierno de España-, el gran reto para Aragón sigue siendo aprovechar el agua que corre por su geografía. Y es mucha. El problema es que la cuenca del Ebro acostumbra a tener una hidrología extrema, pasando de grandes riadas a severos estiajes. De ahí la importancia de los embalses.

Embalses pendientes

PP y PAR aseguran defender sin fisuras la construcción de los embalses pendientes en Aragón. El PSOE también los considera imprescindibles, pero entre el resto de partidos de izquierdas se ven de forma crítica, aunque con intensidad variable. Históricamente, el más beligerante con ese gran plan de construcción de embalses ha sido la Chunta, actual socio de gobierno del PSOE en Aragón.

Mientras tanto, esta Comunidad autónoma sigue sumando paradojas: geográficamente se acostumbra a colocar en la «España verde», pero alterna dañinas sequías casi con tanta frecuencia como devastadoras riadas. En Aragón, pese a estar surcado por el Ebro y buena parte de sus afluentes, el agua sigue escaseando en buena parte de su territorio con más o menos frecuencia.

Los defensores de los embalses insisten en que las presas no solo sirven para garantizar agua en tiempos de escasez sino, también, para amortiguar riadas. Cataluña puede dar fe de ello con ese seguro hidráulico que, para las tierras bajas del Ebro, es el embalse de Mequinenza. Y Aragón sufre riadas del Ebro cada vez con más frecuencia. Las hubo, de forma más o menos dañina, en 2003, 2007, 2008, 2009, 2013 y 2015. Hace unas semanas hubo otra más, aunque sus perjuicios fueron limitados. Nada que ver con lo ocurrido el año pasado: en mes y medio el Ebro se desbocó en cuatro ocasiones, entre finales de enero y primeros de marzo. La cuarta riada inundó más de 40.000 hectáreas y se llevó por delante decenas de millones de euros.

Pérdidas millonarias

De media, desde el año 2003, las pérdidas ocasionadas por las riadas del Ebro en Aragón rondan los 20 millones de euros. La misma región que, paradójicamente, sufre también los efectos de la sequía. A veces, incluso, el mismo año que ha sufrido los efectos de los cauces desbocados.

Casi 30 años después de que se aprobara el ya agrietado Pacto del Agua, aumentar la regulación de la cuenca del Ebro sigue siendo una cuestión pendiente y motivo de discusión política. Y todo esto en una región hidrológica que se comporta de forma extrema con no poca frecuencia, con caudales disparatados en fechas muy concretas y tremendamente mínimos en las épocas más cálidas. Baste un dato como ejemplo: el año pasado, en solo mes y medio, de finales de enero a los primeros días de marzo, las avenidas del Ebro echaron al mar 3.842 hectómetros cúbicos de agua, mil de ellos únicamente en una semana. Ese caudal es un 67 por ciento más de lo que consumen todos los hogares de España durante todo un año, informa ROBERTO PÉREZ.

El Delta, azotado por la política

El Delta del Ebro se ha convertido en objeto de disputa política. La órbita nacionalista-independentista catalana lleva años insistiendo no solo en reclamar un fuerte aumento del caudal mínimo garantizado para el Delta, sino también en intentar tener un plus de decisión sobre esos caudales. Aragón se opone frontalmente a esas aspiraciones. Lo hizo el Gobierno regional del PP y lo hace ahora también el Ejecutivo aragonés del socialista Javier Lambán, quien asegura que luchará con todas las herramientas posibles para que esas pretensiones catalanas no prosperen.

PP y PSOE coinciden en Aragón en que aumentar el caudal ecológico del Delta en la cantidad a la que viene aspirando el nacionalismo catalán condenaría a los territorios situados aguas arriba. Más aún si a la Generalitat se le reconoce capacidad decisoria al respecto. Socialistas y populares aragoneses aseguran que eso tendría similares efectos a los que hubiera tenido el descartado trasvase del Ebro al Levante y Murcia, porque forzaría a Aragón -y al resto de regiones del Ebro situadas aguas arriba- a dejar correr obligatoriamente una gran cantidad de agua que no podrían aprovechar, en aras a garantizar que llega al Delta.

En el tramo final del Ebro no lo ven igual. La regresión que está sufriendo la parte final del río está afectando seriamente el entorno y de aquí a que desde la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) exijan un caudal mayor al que prevé el último plan de la cuenca, aprobado el pasado enero, fijado en 3.010 hectómetros cúbicos por año. «Es casi la mitad de lo que el delta del Ebro necesita», explica Matilde Font, una de las portavoces de la plataforma, que lleva más de 17 años luchando por el problema del agua y por un caudal más ecológico.

La comisión por la sostenibilidad de las Tierras del Ebro estima que el caudal en una temporada seca debería situarse entorno a los 5.600 hm3/año y que en épocas lluviosas deberían llegar los 9.000 hm3/año a la zona. Con las nuevas cifras, sin embargo, «a cada reducción de agua que aplican se agravan todavía más los problemas».

La salinización, la pérdida de sedimentos y de aquí las dificultades de supervivencia de especies autóctonas -amenazadas por otras invasoras que se acomodan a todo ritmo- están causando un claro retroceso en el delta. Los defensores de un mayor caudal para la zona apuntan a que actualmente les llegan solo el 5% de todos los sedimentos que bajan por el río, claves para la buena salud del delta, que es la tercera zona húmeda más importante de todo el Mediterráneo.

La Plataforma, que recientemente ha recibido el apoyo directo de la Generalitat de Juntos por el Sí y ERC y de su nuevo presidente Carles Puigdemont -que hace poco se reunió con la plataforma y tildó de «anacrónico» el nuevo plan nacional-, confía en que la Unión Europea les respalde, como ya hizo hace unos años, cuando propuso una serie de recomendaciones contra el plan hidrológico de entonces y en favor de la supervivencia del delta.

Manifestación masiva

Ahora, tras la aprobación del último plan, la Plataforma ha activado su maquinaria reivindicativa. Convocó una masiva manifestación en Amposta (Tarragona), a la que asistieron unas 50.000 personas, entre ellos diputados de todos los grupos parlamentarios catalanes a excepción de Ciudadanos y PP. Además, en las próximas semanas presentarán una queja a la Comisión de Peticiones de la UE para proponer otra gestión del caudal del río. A su vez, esperan al informe que deben preparar los eurodiputados que visitaron la zona en febrero.

La voz de la PDE es una de las más escuchadas en la zona, pero no la única en Cataluña. Los regantes de la margen derecha del río apoyan el plan y en Lérida también hay una comunidad favorable a la nueva gestión del Ebro. Ellos agradecen que el nuevo plan les garantiza más agua y lamentan que, por defenderlo, estén mal vistos por una parte de la sociedad catalana y no tengan el apoyo de Puigdemont, que ha rechazado claramente el proyecto.

La política, de hecho, siempre ha estado muy vinculada a esta queja. «En los 30 años de movilizaciones que hemos vivido en el delta a favor del Ebro se puede decir que todos los partidos se han puesto de nuestro lado. Cuando unos gobiernan, los otros cogen la pancarta», comenta Font, al tiempo que duda de que su causa se esté utilizando a nivel político. Además, la portavoz recuerda que «nosotros no nos casamos con nadie. Tenemos unos objetivos y gobierne quien gobierne seguiremos con la misma lucha», informan R. PÉREZ y ANNA CABEZA.