El abogado Alfonso DíazMoñux, de 45 años, asesinado por dos sicarios suramericanos, y que representaba al capo georgiano Zakhar Kalashov, durante el juicio de la «operación Pipol»
El abogado Alfonso DíazMoñux, de 45 años, asesinado por dos sicarios suramericanos, y que representaba al capo georgiano Zakhar Kalashov, durante el juicio de la «operación Pipol» - abc

Arranca el juicio repetido por el asesinato de Díaz Moñux, el «abogado de los narcos»

Los acusados, presentes en la sala, se enfrentan a penas que de entre 15 y 24 años de prisión por delitos de asesinato alevoso mediante precio, conspiración y tenencia de armas sin licencia

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La Audiencia Provincial de Madrid dará comienzo este jueves la repetición del juicio por el asesinato en 2008 del abogado Alfonso Díaz Moñux después de que hoy haya concluido la elección de los miembros del jurado que se inició el lunes pasado, si bien no está previsto que los acusados declaren mañana. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han explicado a Efe que «en principio» los ocho presuntos implicados en el asesinato no declararán mañana sino que lo harán el próximo lunes.

De esta forma, la primera jornada del juicio se centrará en la lectura de las actuaciones, un trámite en el que no participaran ni el fiscal ni ninguna de las partes que figuran en la causa.

Los acusados, que sí estarán presentes en la sala, se enfrentan a penas que oscilan entre los 15 y los 24 años de prisión por los delitos de asesinato alevoso mediante precio, conspiración para cometer asesinato y tenencia de armas de fuego sin licencia.

Díaz Moñux, conocido por defender en juicios a narcotraficantes y capos de la mafia, fue tiroteado el 18 de diciembre de 2008 en la rampa del garaje de su domicilio madrileño, cuando accedía con su coche junto a su novia. Un tribunal popular emitió un veredicto de culpabilidad para todos los integrantes de la banda, hasta que la Sala de lo Civil y Penal ordenó en septiembre del año pasado repetir el juicio con un nuevo jurado y un nuevo magistrado al detectar irregularidades y quebrantamiento de las garantías procesales.

Por ello, la Sala acordó la puesta en libertad de los condenados, que habían sido sentenciados a penas de entre 24 años y seis meses de cárcel a 3 años y nueve meses de prisión.

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