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Imagen de Pedro Sánchez en la reunión de la ejecutiva del PSOE - efe
POLÍTICA

Pedro Sánchez evita tomar medidas contra dirigentes socialistas procesados

El líder del PSOE critica los casos de corrupción pero declinar valor las causas que afectan a su partido

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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha evitado concretar si tomará medidas contra los dirigentes del PSPV que, como el «número tres» de la formación, José Manuel Orengo, están procesados en causas judiciales o, como sucede con el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, se encuentran imputados. Preguntado por ABC si incluirá a estos dirigentes en las próximas listas electorales, Sánchez ha cedido la palabra al secretario general del PSPV, Ximo Puig, quien ha dicho que el caso de Orengo no se puede atribuir a corrupción política. De Navarro, que ya volverá a ser candidato a la Alcaldía de la emblemática localidad de Benidorm, no ha dicho nada.

Así, Sánchez se ha centrado en denunciar los casos que afectan al PP y ha afirmado que para lograr la regeneración de la vida democrática en España, es preciso que los populares pasen a la oposición y dejen de estar al frente de las instituciones

al considerar que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, es incapaz de tomar medidas contra la corrupción.

Sánchez ha transmitido este mensaje en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE celebrada en Valencia, donde se ha aprobado una declaración que recopila los compromisos y las propuestas de los socialistas contra la corrupción.

Chaves y Griñán, a la espera

Por contra, en relación con el caso de los ERE de Andalucía, ha señalado que el PSOE actuará de manera "implacable" contra las personas que hayan cometido delitos de corrupción.

Sánchez se ha referido a la decisión de la Fiscalía de solicitar al Tribunal Supremo que se haga cargo de la parte del sumario de los ERE en Andalucía que afecta a personas aforadas, entre las que destacan los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes deberá investigar.

"Respetando la presunción de inocencia, en función de como sea esa investigación, el PSOE actuará con la máxima contundencia y con la máxima celeridad", se ha comprometido Sánchez.

"Para regenerar la vida democrática, también es necesario que el PP, a nivel de la Comunidad Valenciana y estatal, pase a la oposición y se regenere en el nivel que se tiene que regenerar, que es en la oposición y no puede seguir al frente de las instituciones", ha afirmado Sánchez.

El secretario general del PSOE ha acusado a Rajoy de seguir " callado, de perfil y de no poner en marcha ninguna medida" contra la corrupción.

En opinión de Sanchez, pedir perdón "no es suficiente" y el presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades ante los casos de corrupción que afectan a su partido.

"Estamos viendo que el PP está inmóvil y no coge el toro por los cuernos para afrontar el problema de la corrupción", ha denunciado Sánchez.

Así, el PSOE ha propuesto que la cantidad defraudada para que se considere delito fiscal pase a ser de 50.000 euros, en lugar de los actuales 120.000, y que se eleve la pena de prisión a seis años, así como el plazo de prescripción.

La llamada "Declaración de Valencia" recoge las 33 medidas que el PSOE ya presentó hace unos días en materia de lucha contra la corrupción y regeneración de los partidos y suma algunas nuevas, como la de bajar el umbral para que se considere delito fiscal, que el entonces Gobierno del PP elevó a 120.000 euros en 2003.

Además de incrementar los plazos de prescripción del delito fiscal como consecuencia del agravamiento de las penas a seis años de prisión, los socialistas apoyan que se prohíban las sentencias de conformidad entre fiscal y acusado en los juicios por delitos relacionados con la corrupción.

Otra medida es la tipificación del delito de enriquecimiento injusto o ilícito para que se castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos detectado durante el período de su mandato en el caso de que no puedan justificarlo.

En caso de no aportar explicaciones, los socialistas abogan por una condena de prisión o inhabilitación y que la multa se cifre en el triple del aumento patrimonial no aclarado.

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