Hernán: «Yo no sabía dónde estaba el Pinar de Coig hasta hace unos días»
El exalcalde y el exedil de Urbanismo son juzgados por prevaricación al permitir presuntamente que se construyese en suelo protegido
CÁDIZ. Actualizado: Guardar«Yo no sabía dónde estaba el Pinar de Coig». Hace apenas unos días que Hernán Díaz conoció de primera mano esta zona de la ciudad que gobernó durante quince años. Situado a veintidós kilómetros del Ayuntamiento, el que fuera alcalde entre 1991 y 2006, nunca se había personado en este enclave protegido del término municipal de El Puerto sobre cuya gestión urbanística, por permitir presuntamente la construcción de una veintena de viviendas, fue juzgado ayer.
El exalcalde, de Independientes Portuenses, negó ante la fiscal que tuviera conocimiento de la ilegalidad que se estaba cometiendo en el término municipal. «Me llegaban mil folios diarios para firmar, que además ya contaban con la firma del secretario. Si tenían los informes técnicos y jurídicos favorables, como en este caso, no me podía detener a leerlos todos». Díaz se sentó ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz.
Le acompañó Juan Carlos Rodríguez, que fue su concejal de Urbanismo entre 2003 y 2005. La Fiscalía los acusa de un delito continuado de prevaricación urbanística, ya que hicieron caso omiso de los requerimientos que desde la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía hicieron para que restablecieran la legalidad en el Pinar de Coig. De este modo, pide para ambos dos años de prisión, e inhabilitación para cargo público durante nueve años. La acusación particular, ejercida por Ecologistas en Acción, añade un delito contra el medio ambiente y la petición de tres años más de cárcel y una multa de 219.000 euros. El predecesor al frente de Urbanismo de Juan Carlos Rodríguez, Pedro Alamillos, fue señalado por Hernán como responsable de lo que se estaba cociendo en el Pinar en los años anteriores, ya que, según destacó en repetidas ocasiones, había delegado en él todas las competencias. «Yo jamás autoricé actuaciones en un sistema general. Él fue por el filo de la navaja y se tomó atribuciones que no le correspondían».
Tras alrededor de una hora y media de declaración, tocó el turno a Rodríguez, quien expuso ante el juez su gestión con un doble cauce: por un lado el social, de asistir a las familias que vivían en malas condiciones de salubridad, con fosas sépticas, sin agua potable y sin electricidad. De esta forma justificó las peticiones a Sevillana Endesa para que «diera una solución a estas familias». «Pero sin menoscabo del cumplimiento de la legalidad. Dejamos claro que el hecho de darles luz y agua no suponía la legalización».
No obstante, la fiscal hizo hincapié en que desde que Rodríguez entró como concejal, en junio de 2003, hasta mayo de 2005 no se emprendió acción alguna contra los infractores por parte del Ayuntamiento. Rodríguez argumentó que no había personal suficiente en el departamento de Disciplina Urbanística para desempeñar esta tarea y que solo tras firmar un convenio con la empresa municipal Serecop se puso en marcha la investigación e identificación de los propietarios del Pinar de Coig. «En noviembre de 2003 le dimos a Sevillana una relación de veinticuatro ocupantes de viviendas, de los que solo catorce han resultado expedientados por ser propietarios, gracias al trabajo meticuloso que hicimos». El exconcejal insistió en que a pesar de haber propiciado la dotación de suministros -algo que anuló el 3 de diciembre de 2003 para volver a pedir quince días después-, siguió adelante con el procedimiento legal contra la urbanización irregular. Algo que Ecologistas en Acción, que ejerció la acusación particular, achacó a su denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Ecologistas, en la acusación
Una medida que adoptaron tras presentar escritos oficiales en el Registro municipal, alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana, que estaba en proceso de revisión, y advertencias de viva voz en el antiguo Imucona, que fuera el patronato municipal de Medio Ambiente al que el ex alcalde aseguró que fue en contadas ocasiones pese a ser su presidente. Ecologistas en Acción informó al Ayuntamiento de que en el Pinar de Coig estaba tomando forma una urbanización ilegal, que además de viviendas ya tenía viales e incluso arquetas de Sevillana. Joaquín Paloma y Javier Clavero, miembros de la organización, declararon en calidad de testigos durante la vista.
El primero declaró que ante la inoperancia del Gobierno local para restituir la legalidad, decidieron presentar la denuncia ante la Fiscalía. Clavero, por su parte, narró que en el transcurso de una reunión a la que fue invitado por los vecinos del Pinar de Coig en la que se encontraba el edil de Urbanismo, le instaron a que retirase la denuncia. «El argumento del concejal era que pedirían a la Junta que cambiase la catalogación del suelo en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía, y que de este modo él se comprometía a legalizar las viviendas». Unas declaraciones ante las que Rodríguez, desde el banquillo, respondió negando con la cabeza. El juicio se retomará este lunes.
