La aplicación de la reforma laboral inquieta a trabajadores de ayuntamientos en quiebra

Sindicatos y patronal aún anda desgranando cada uno de los puntos de la nueva normativa laboral. Ambos coinciden en que, a pesar de que los primeros efectos ya se han dejado notar en algunos sectores, aún es pronto para saber que repercusión tendrá en una provincia como la de Cádiz que lidera el ranking de desempleados con un 35%. Desde Comisiones Obreras, su secretario general en Cádiz, Manuel Ruiz, no cree que la reforma laboral tenga mayor transcendencia en la provincia «ya que aquí el empleo fijo hace tiempo que se desmanteló» y «somos especialistas en las rotaciones». La estructura del mercado, dominado por el sector servicios y turístico, está marcado ya de por sí por la «temporalidad» y esto es, a juicio de Ruiz, «lo que va a dejar a su paso la nueva reforma». De acuerdo se mostró su homólogo en UGT, Salvador Mera, quien reconoció que el empleo «se ha ido devaluando» en los últimos años por lo que «poco más puede hacer la nueva reforma laboral en la provincia», si acaso «empeorará la situación de algunos sectores que están pasando por una situación crítica como puede ser en estos momentos la agricultura que ante la falta de lluvia se elevarán sus pérdidas y por tanto los despidos».

Sin embargo, existe un sector hasta ahora estable e intocable que sí puede verse afectado de lleno por la nueva reforma, éste es el empleo en las administraciones públicas. Desde la experiencia que dan ocho años al mando de la Delegación Provincial de Empleo, Juan Bouza, cree que parte del personal laboral de las administraciones públicas como ayuntamientos, agencias, o fundaciones pueden reducir su personal en base a una mala situación económica que llevan años arrastrando y que se ha agudizado con la crisis actual. «Hemos tenido muchas reconversiones en la provincia» afirmó el delegado pero puede que ahora le llegue el turno al personal laboral «porque pueden ver la reducción de plantilla como una forma de aliviar» las arcas municipales «aunque esperemos que no lleguen a tanto». Bouza concretó que esta medidas no puede afectar a los funcionarios pero sí al personal laboral que componen gran parte de las plantillas de las distintas ramas de la administración pública.

Además, la merma del papel que cumplía hasta ahora la Autoridad Laboral a la hora de autorizar los expedientes que presentaban las empresas, elimina una de las barreras hasta este momento más difíciles de saltar y facilita que las empresas públicas presenten expedientes de regulación, ya sean extintivos o temporales bajo la premisa del ahorro económico, algo muy fácil de demostrar para muchos ayuntamientos a los que le rondan la quiebra. Desde Izquierda Unida, el parlamentario andaluz Ignacio García mostró su preocupación por que ayuntamientos como Los Barrios, La Línea, Jerez, «o incluso Cádiz» se planteen eliminar parte de su plantilla con el objetivo de sanear parte de sus cuentas. En este sentido, García defendió el papel que cumplen tanto los funcionarios como los empleados públicos «al ser los galantes del Estado del Bienestar» y acusó al Partido Popular de «emprender una caza contra toda la estructura de la Junta de Andalucía, en especial, las agencias públicas».