EL CHEQUEO

Recortes en las empresas públicas

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Tras el recorte de sueldos a los directivos de empresas públicas aprobado por el Gobierno y la disminución del número de miembros de sus consejos de administración, se vislumbra una reconversión de esa Administración paralela. Además, las facilidades para el despido y posible bajada de sueldo de sus trabajadores, producto de la reciente reforma laboral, pueden facilitar mayor reducción del gasto. Si estos cambios se desarrollaran bajo los principios de buena gestión y austeridad, se podría frenar la sangría de recursos que, vía presupuestos, alimentan su sostenimiento. Por el contrario, si sus directivos siguen siendo elegidos discrecionalmente sin tener en cuenta criterios de eficiencia en la gestión, difícilmente dejarán de ser el destino dorado de políticos antes de su jubilación, colocados allí como premio a los servicios prestados al partido. Si así fuese, se habría desaprovechado una grandísima oportunidad de modernizar la gestión de estas empresas y eliminar la carga que suponen, en muchos casos, para el conjunto de la sociedad. Además, si a esto le sumásemos una hipotética y drástica reducción de las empresas públicas no rentables y se extendiera su aplicación a las empresas municipales, autonómicas y provinciales, el ahorro podría ser muy voluminoso, suficiente como para evitar recortes en otros sectores esenciales y críticos, como son la sanidad o la enseñanza.

Estas singulares medidas por las que se recortan sueldos a los directivos de las empresas públicas, estableciendo topes retributivos en función de la importancia de le empresas, número de trabajadores o presupuesto y se vinculan primas a objetivos cumplidos, también se podrían extender a todos los políticos que ostentaran cargos públicos. Así, por ejemplo un alcalde, debería tener un tope retributivo en función de la población, la extensión del territorio municipal y las singularidades del municipio. No se entiende que haya tantas diferencias de sueldo entre alcaldes de municipios parecidos, siendo el único criterio que impere el capricho y discrecionalidad de los concejales elegidos. Algunos alcaldes llegan a cobrar más que el Presidente del Gobierno. Del mismo modo, se podrían determinar un límite de concejalías retribuidas y un máximo de asesores de libre designación. Igualmente, eso se podría aplicar en la Administración Autonómica y Provincial y la reducción del déficit aumentaría. Así, políticos y ciudadanos estarían menos distantes.