Aumenta el número de agresiones de adolescentes a padres y abuelos

La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ha hecho público un informe donde se ha puesto de manifiesto que el número de menores que pasan a la tutela de la Junta ha bajado un 10 por ciento en la provincia de Cádiz con respecto a 2007 gracias a los programas de tratamiento familiar que llevan funcionando desde el año 2000. A pesar de ello, también ha alertado de un aspecto importante a tener en cuenta y es que crece el número de menores que tienen que ser atendidos por problemas relacionales en el núcleo familiar y que, en mucho de los casos (cada vez más) terminan en agresiones hacia padres y abuelos.

Esos equipos de tratamiento familiar, cofinanciados entre los ayuntamientos, Diputación y la Junta de Andalucía, atendieron hasta el año 2010 a 1.179 familias y 2.262 menores de toda la provincia. Este programa preventivo está dando resultados muy beneficiosos para las familias, que al final terminan revirtiendo en el bienestar y, por qué no, en la tranquilidad de la sociedad. De esta manera, los equipos de profesionales formados por psicólogos, educadores y trabajadores sociales han conseguido contener muchas situaciones de riesgo hasta reducir el número de retiradas de tutelas manera notable. Tanto es así que el 85 por ciento de los jóvenes atendidos continúan en su núcleo familiar.

En este sentido, el informe alerta de que el perfil del demandante de ayuda está cambiando y es que se aprecia un aumento significativo de las familias en situación económica y social normalizada pero con problemas relacionales graves, provocados por conflictos de pareja o separaciones, siendo la casuística más recurrente la del adolescente en riesgo, que acusa una importante ausencia de referentes y modelos educativos adecuados. Son en su mayoría menores de entre 11 y 17 años que abusan y maltratan a su progenitores y que, en muchos casos, cometen otro tipo de acciones delictivas. En el informe también se pone de manifiesto que estas conductas agresivas empiezan a debutar cada vez antes, a los seis o siete años sólo que en estos casos no pasan por la Fiscalía de Menores al no tener todavía (por edad) responsabilidad penal, aunque sí pueden pasar por la Fiscalía de Protección para intentar encontrar soluciones.

En este sentido, todos los profesionales consultados por este periódico coinciden en afirmar que un niño consentido es carne de convertirse en un adolescente agresivo y que es en el hogar donde se puede variar el perfil arisco del mundo con «autoridad, competencia y confianza», que son las armas de los padres educadores a juicio de los expertos.

Pedro Gosálvez, fiscal de protección de menores en Cádiz, corrobora los datos ofrecidos por el informe y, sobre todo, pone el acento en el cambio de perfil: «Antes lo normal era que el menor quedara en desamparo por ser hijo de padres toxicómanos, por sufrir abusos, por orfandad o por vivir en unas condiciones económicas inadecuadas. Desde hace tiempo vengo notando que cada vez más el problema lo provoca la educación y los valores recibidos, en los que el menor se pone así mismo en situación de desamparo por conductas violentas hacia sus padres.» Sólo los casos más graves pasan a la tutela de la Junta, el resto lo tienen que lidiar los padres ayudados por otras alternativas como los equipos de tratamiento familiar, porque de lo contrario, la administración no daría abasto.

Otro aspecto que llama la atención del fiscal es que las niñas son más problemáticas que los niños. De hecho, desde hace años las principales protagonistas de los casos de absentismo escolar son chicas a una edad muy temprana, a los 13 años.

Pedro Gosálvez también destacó los motivos «nimios» por los que estalla la bronca en casa. En la mayoría de los casos es porque a los padres no les gusta el novio de la hija, por asuntos relacionados con las nuevas tecnologías o porque les piden que se levanten del sofá y estudien. Evidentemente, esto no es más que la punta del iceberg, ya que en fondo lo que subyace son cuestiones de mayor calado.

A juicio del fiscal, las administraciones tendrían que insistir mucho más en investigar las causas para ponerle solución: «Habría que entrar a educar a los padres e intervenir en cuanto se detecta un atisbo de cualquier cosa».