El servicio de ayuda a domicilio para dependientes ha salvado los muebles a falta de escasos días para que se cumpla el contrato de la actual concesionaria, Claros. Después de que el concurso público iniciado por el Ayuntamiento se quedara desierto, ha sido esta misma empresa la que ha llegado a un nuevo acuerdo con el gobierno local. Éste implica una subida en la aportación de las arcas municipales al salario de las setenta trabajadoras.
La empresa, que recibe una cantidad de trece euros por hora de la Junta de Andalucía, dispondrá a partir de ahora de 15,60 euros para poder afrontar los salarios con la subidas del IPC. La concejala de Bienestar Social, Mariola Tocino, criticó que desde su entrada en vigor, en el año 2007, la Junta no ha acometido una revisión de precios dentro de la Ley de Dependencia. «Si la Junta hubiera hecho lo que tenía que hacer no tendríamos ahora este problema». Tocino explicó que de todas las empresas con las que se ha entablado contacto, solo Claros ha accedido a negociar con un resultado: un incremento de 0,50 céntimos a 2,60 céntimos de la aportación del erario municipal para completar los salarios de las trabajadoras. «Sabemos que algunas localidades están haciendo negocio, y que se quedan con una parte de esos trece euros. Nosotros sin embargo aportamos más, porque consideramos una prioridad la asistencia a los dependientes».
El siguiente paso para cerrar el contrato con Claros es la celebración de un procedimiento negociado a la que se invitarán a dos empresas más. «Para sacar esto adelante hace falta voluntad por parte de las tres partes. La empresa y el Ayuntamiento ya hemos cumplido. Ahora Claros debe llegar a un acuerdo con las trabajadoras». La concejala popular se refirió al desajuste de turnos en la plantilla, por el paulatino fallecimiento de dependientes.
Trabajadoras sin usuarios
«La Junta ha paralizado los expedientes para dar entrada a nuevos usuarios y nos encontramos con que hay algunas trabajadoras que cobran sus horas pero que no pueden trabajar». Esto ha provocado, según Tocino, que en la ciudad haya una lista de espera con más de doscientos portuenses que desean teleasistencia, asistencia diurna, ayuda a domicilio o bien ingresar en una residencia.
Por otro lado, los dependientes tienen derecho a elegir la franja horaria en la que desean ser atendidos, algo que también requiere de una organización consensuada entre la empresa y su plantilla.
Con respecto a la polémica surgida en el último Pleno a raíz de la negativa del gobierno a incluir en el nuevo pliego de condiciones del contrato la obligatoria subrogación de la plantilla, Tocino insistió en que este derecho ya está recogido en el convenio colectivo al que está sujeta y en el propio Estatuto de los Trabajadores. «Estamos para defender los derechos de todos y no solo de un colectivo por mucho ruido que hagan. Incluir esa cláusula habría sido un agravio comparativo, porque implicaría que en el caso de que la empresa abandonara el servicio, esas trabajadoras pasarían a ser del Ayuntamiento. Y para eso hay que aprobar unas oposiciones». Con todo añadió que en el pliego se ha incluido un anexo con una relación de los nombres y datos de las trabajadoras.
