La Guardia Civil ha decomisado en la provincia al menos 90 millones en bienes que fueron comprados con dinero negro. :: ILUSTRACIÓN A.S.ALARCÓN
CÁDIZ

Noventa millones de euros manchados

El equipo contra el blanqueo de capital de la Guardia Civil ha decomisado una fortuna

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Después de cumplir seis años de condena por narcotráfico y salir en libertad, a los miembros del clan de los Antón les esperaba en Barbate la suculenta fortuna que los había hecho famosos en la ciudad. Como la costumbre del pequeño, Antón hijo, de pasearse por la ciudad con un tigre como mascota, o verlo circular a toda velocidad en coches de lujo por el pueblo pesquero. Todos sabían de dónde procedía aquel dinero del que presumían, aunque nadie se había molestado hasta entonces en investigarlo a fondo. Tampoco en decomisarlo. La detención les había salido barata y no pasaba desapercibido al resto de vecinos.

La sensación de impunidad jugaba en contra de la Guardia Civil en Cádiz en su lucha contra la droga. El caso de los Antón colmó el vaso de la paciencia en la comandancia de Cádiz, donde caló la idea de que había llegado la hora de variar el objetivo: cazar la droga no era suficiente, había que llegar más allá. La oportunidad se produjo en 2007, con la denominada 'operación Castilnovo', dirigida contra Kiko, alias 'El Zuco', acusado de actuar de intermediario entre los proveedores marroquíes y una organización de narcos de Conil. Por primera vez la comandancia elaboraba en torno a este supuesto narcotraficante una investigación patrimonial para aclarar cuántos bienes poseía él o sus allegados gracias a los réditos de la droga. En las pesquisas fue detenida no solo su mujer, a cuyo nombre estaban algunas posesiones, sino también algunos directores de banco. Se calcula que la fortuna supuestamente blanqueada puede alcanzar los seis millones (un jarrón encontrado en la casa tenía un valor de 13 millones de pesetas), que se 'limpiaron' a través de diversas empresas legales, entre las que se encontraba, un restaurante. La empresa quedó oficialmente decomisada, aunque se nombró a un administrador para que continuara abierta, sin perjuicio para los trabajadores.

El éxito de aquel caso, que no obstante sigue a la espera de un juicio, motivó que aquel germen se convirtiera en el actual equipo contra el blanqueo de capitales de la Guardia Civil, que se ha especializado dentro de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en Cádiz en la investigación patrimonial de las organizaciones criminales de la provincia.

En solo tres años de existencia, desde la 'Castilnovo', el equipo ha llegado a detener a 57 personas y a imputar a otras 38, a las que se les ha decomisado al menos 90 millones de euros en bienes que fueron comprados supuestamente con dinero negro. Las intervenciones se cuentan por cientos, e incluyen 19 embarcaciones, 226 vehículos, 637 cuentas corrientes en bancos y al menos 171 viviendas. Llama la atención que de esta fortuna, solo un millón y medio de euros, que no es poco, a lo largo de las intervenido en metálico en las distintas operaciones. Estas cifras lo han convertido en tan poco tiempo en uno de los equipos contra el blanqueo considerados una referencia en toda España.

Juan, Víctor y Santiago son lo tres agentes que forman este grupo responsable de descubrir esta auténtica fortuna. Por sus manos han pasado en estos años miles de contratos, hojas simples, informes de registros de la propiedad, escrituras y extractos de cuentas bancarias. La patrimonial de 'Castilnovo', por ejemplo, la hicieron de manera casi artesanal, «con papel y boli», recuerda Juan, el jefe del equipo. Sin embargo, en apenas tres años y a la vista de los resultados, se les han abierto cada vez más puertas en las bases de datos de Hacienda y de los registros de la propiedad, mientras las tecnologías han permitido simplificar su trabajo. La experiencia de estos tres años, además, ha permitido limar errores y perfeccionar el método de investigación.

Después de Castilnovo vinieron otras muchas operaciones: 'Miarma', en la que se destapó una supuesta organización radicada en Sevilla que operaba en Conil y Chiclana, o 'Marroncito', otra de las cinco investigaciones a manos de este equipo que han sido ya juzgadas, en este caso en 2010 con una sentencia ejemplar de 15 años de prisión para José Manuel V. G. 'El Marronero', otro de los cabecillas del narcotráfico de la provincia en cuya banda fueron también identificados un hermano y un sobrino de Antón. En el juicio se sentaron 38 personas en el banquillo. El Marronero fue sentenciado por narcotráfico, pero también por cohecho, por tráfico de armas y, por supuesto, por blanqueo. Este último que puede llegar a ser castigado, según el Código Penal, con hasta seis años de prisión. Más incluso que el de tráfico de hachís, que hasta la última reforma del CP en 2010, conllevaba pena de solo cuatro años. Al Marronero se le decomisaron coches, motos y ciclomotores. Pero también dos fincas y hasta los muebles de una casa.

«Con lo que cuesta uno de estos armarios, me amueblo yo toda la casa», dijo la secretaria judicial de Sanlúcar que estuvo presente en los registros de otra de las operaciones más importantes del equipo en estos tres años: la 'Q7', dirigida contra Iván Odero y su entorno, otro de los supuestos capos del hachís, en este caso, de la desembocadura del Guadalquivir. La casa de Iván (cuya vida laboral no supera los 900 días trabajados) era otro emblema de la ostentación y el derroche: construida de madera, contaba con varios jacuzzis' con equipamientos de lujo. «Cada palmera del jardín cuesta unos 8.000 euros», explica Víctor. Entre los bienes incautados en aquella actuación, en la que se registraron nueve viviendas, había 14 coches de alta gama, entre ellos un Hummer y un Audi Q7 que le dio nombre a la operación. Vehículos que, en algunos casos, estaban a nombre de personas de más de ochenta años que nunca habían tenido carné de conducir. Se trata de una de las estratagemas para tratar de borrar huellas, aunque en la provincia de Cádiz el maquillaje fiscal no es tan complejo y experimentado como en otras regiones, como Málaga o Ceuta, donde el equipo contra el blanqueo ha extendido parte de sus operaciones. Una de las últimas, denominada 'Pendrive', ha llegado más allá de las fronteras de España. Explotada hace apenas un mes, acabó con la imputación de 33 personas en su mayoría de origen búlgaro, a quienes ahora se les examinará al detalle cada posesión. Ya durante la intervención se les confiscó tres aviones y varios coches, interceptados durante las detenciones. Las primeras diligencias desvelan que sus cabecillas ocupaban viviendas de lujo en urbanizaciones de la Costa del Sol. Actualmente el equipo realiza la investigación patrimonial en torno a ellos. Si los imputados no son capaces de acreditar la procedencia de los bienes, se investigará a fondo. Un trabajo meticuloso.

Después de la 'Q7', el equipo comenzó a desgajar sus investigaciones de las detenciones de los responsables con nuevas diligencias. Así nació a finales de 2009, por ejemplo, la 'operación Divine', fruto de la llamada 'operación Bargreen', en la que se desmanteló una red de narcotráfico con conexión en Ceuta, Barbate y Cádiz, en la que se vieron implicados supuestamente dos guardias civiles destinados en la ciudad jandeña. La investigación acabó siendo instruida por la Audiencia Provincial con decenas de detenidos, pero la patrimonial se llevó desde Cádiz. La primera investigación destapó dos millones de euros en dinero negro. Pero las pesquisas posteriores desvelaron que aún había más dinero oculto, con el decomiso de cuatro viviendas en Marbella, una discoteca (la Divine) y al menos cuatro millones. También las operaciones Espuela y Espuela Nueva continuaron en manos de Juan, Víctor y Santiago rebautizada como 'operación Breña'. En la primera se desmanteló una trama para introducir cocaína en el puerto de Algeciras, con empleados infiltrados en la organización. La segunda fue más allá: se detuvo a cuatro empresarios de Barbate acusados de financiar presuntamente alijos. Uno de ellos, Ramón R. A, tenía empresas legales, como un hostal y un supermercado, aunque según la investigación hacía supuestamente de intermediario entre grandes redes internacionales y las gaditanas. La 'Breña' está a punto de concluir con bienes decomisados por valor de diez millones.

Aunque el equipo contra el blanqueo nació en la persecución del narcotráfico, no es el único 'negocio sucio' que llega a sus manos. Entre otros casos que han investigado, destacan las supuestas irregularidades en la Infraestructuras y Servicios Escolares (ISE), destapada este mismo año, en las que una pequeña compañía de Rota se hizo con numerosos contratos de obras en colegios que no supuestamente no se realizaron. O la 'operación CATI', que desarticuló el falso sindicato gaditano que elaboraba certificados falsos desde la capital. También se encargaron de los registros en Cádiz de la 'operación SAGA', contra la SGAE. Aunque, sin duda, la de mayor volumen es la 'operación Toscana', en la que fueron imputados algunos miembros de la familia Galán, de Jerez, dueños de la red de prostíbulos 'Galantería'. Después del revuelo mediático de la detención de cuatro de sus miembros -el padre, Juan Galán, su esposa, su hijo y su hija, famosa por su relación con el torero Ortega Cano-, y su puesta en libertad, el cierre de los 'clubs' y su reapertura, la investigación en torno a ellos sigue abierta, con una nómina de decomisos que apabulla (26 vehículos y 122 cuentas bancarias, 37 inmuebles y hasta 22 sociedades) y que alcanza un valor estimado de 50 millones de euros.

Al igual que el restaurante de Kiko, los prostíbulos se mantienen abiertos, a la espera de juicio. Algo parecido ocurre con las viviendas que son ocupadas como residencia habitual de los imputados o de sus familias: están intervenidas, pero pueden ser utilizadas por sus dueños hasta que lleguen las correspondientes sentencias. El resto, se decomisa. Se retira. En caso de que haya condena, los bienes se liquidan y el valor revierte en el Estado, con destino prioritario a financiar la lucha contra la droga. Uno de los objetivos, en todo caso, está cumplido: dar un duro golpe más allá del castigo penal, a los negocios sucios del narcotráfico. Donde más les duele: el dinero.