Con mucha tranquilidad ha recibido el exalcalde de La Barca, Roque Valenzuela, la petición de la juez Mercedes Alaya de investigar una subvención concedida a la pedanía por José Antonio Viera, entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). «Como es lógico, nosotros nos hemos acogido a subvenciones y ayudas para acometer proyectos en nuestro pueblo porque el presupuesto que tenemos no da para más», dijo Valenzuela tras conocer la noticia.
«No sé qué puede haber de raro en esa subvención», añadió. La ayuda, de 18.000 euros, se empleó en la celebración de unas ferias de muestras «para dar a conocer a los artesanos de nuestra localidad», recordó el exalcalde. Insistió en que «como en otras ocasiones, la solicitamos y nos llegó concedida. Es legal».
Valenzuela puso como ejemplo otras actuaciones que se han llevado a cabo en La Barca en los últimos años gracias a este tipo de ayudas económicas. Se trata de la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de otras ya existentes de uso cotidiano de los vecinos: «Las últimas obras que se hicieron mientras yo era alcalde de La Barca con subvenciones fueron la guardería -que supuso 800.000 euros-, el campo de fútbol de césped artificial y la ampliación del centro cultural», contó. «Sin esas subvenciones, no se podrían hacer estas cosas y para un Ayuntamiento como el nuestro es esencial poder optar a esas ayudas tanto de Diputación como de la Junta», destacó. Con esa posibilidad, el Consistorio barqueño desarrolla «programas de formación, se compra maquinaria necesaria y otras acciones».
Valenzuela y su equipo de gobierno están «muy tranquilos» porque «fue una subvención que se solicitó según estipula la ley y se nos concedió. Otras veces no tenemos suerte y nos la rechazan», dijo.
Otros consistorios
Además de esta ayuda a la pedanía de La Barca, la juez encargada de investigar la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos ha pedido a la Junta los expedientes de las ayudas a los ayuntamientos de Camas (60.000 euros), Coria del Río (132.000 euros), Chiclana (24.000), Alcolea del Río (120.000) y La Puebla del Río (78.130 euros).
La magistrada también ha colocado en el punto de mira a quince empresas andaluzas que podrían haberse beneficiado de lo que se ha denominado 'fondo de reptiles'.
