Urbanismo aún estudia cómo quitar las multas a las viviendas ilegales

Los propietarios de viviendas construidas en suelo no autorizado que serán regularizadas cuando comience a aplicarse el nuevo Plan General de Ordenación Urbana aún no pueden iniciar los trámites para que el Ayuntamiento suspenda sus expedientes sancionadores. Los técnicos del área de Urbanismo estudian cuáles serán los trámites a seguir y por tanto no han recibido aún ninguna solicitud.

La concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, anunció dos semanas antes del arranque de la campaña electoral de las elecciones municipales que el Consistorio abriría un procedimiento para que los propietarios de las casi 4.000 viviendas fuera de ordenación que se beneficiaran del PGOU no tuvieran que pagar más multas coercitivas. Ybarra dejó claro que esta circunstancia sólo sería aplicable a aquellos que cumplieran los requisitos y que se estudiaría caso por caso. La medida, que es duramente criticada por Ecologistas en Acción, contradice la doctrina de algunas sentencias, como la de la hacienda Las Beatillas, y la postura de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre urbanismo irregular que considera la condonación de multas un «efecto llamada» para la proliferación de estas construcciones.

«Anunciaron esta amnistía general con intenciones claramente electoralistas y ahora se están encontrando con problemas legales porque los abogados no sabrán cómo aplicar esto». El portavoz de Ecologistas en El Puerto, Juan Clavero, tachó de «vergonzosa» la actitud del Ayuntamiento. «Las multas de tráfico o las que se imponen por hacer obras en viviendas legales de el centro no se eliminan. Y a los que incumplen la ley sí se les perdona».

Por otro lado, desde la asociación de viviendas fuera de ordenación Fevema, que aglutina a unos 1.800 propietarios de viviendas en suelo no autorizado, consideraron que el anuncio de Ybarra es «literatura». José Castro señaló que los afectados esperan con expectación el decreto que elabora la consejería de Obras Públicas para acabar con el problema. Además, Castro recordó que en virtud de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía el importe de las sanciones ha de ser reinvertido en los costes de urbanización de las zonas que sean regularizadas. «Si dejan de cobrarlas de dónde van a sacar ese dinero. Lo que no tiene sentido es que sigan cobrando multas a los casos sin solución, cuyo fin es la demolición de las viviendas».